Regular el juego y las apuestas, sobre todo a través de Internet, es el objetivo de un nuevo proyecto que están consensuando actualmente el Gobierno y las comunidades autónomas. Así se puso de manifiesto en una reunión de la Comisión Sectorial del Juego, integrada por representantes del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de la Sociedad de la Información, de la Agencia Tributaria, del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) y de las comunidades.
El encuentro abordó temas como el «registro de prohibidos» del juego en la Red, la repercusión de las nuevas tecnologías (como PDA y móviles) en el sector y la transposición de la directiva europea de servicios del juego. Se trata de los primeros pasos del desarrollo de un mandato recogido en la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información (LISI), aprobada el pasado año y que plantea, en una de sus disposiciones adicionales, un mandato al Gobierno para regular la actividad del juego «online» por ley, que especifique medidas de control y tributación de esta actividad. Este mandato introduce la obligación de operar bajo licencia administrativa, lo que supone un desafío a los casinos «online»‘, que actualmente operan libremente en Internet en España.
Protección a menores
En la reunión se destacó la necesidad de prestar protección especial a sectores vulnerables como los menores de edad o las personas con problemas de adicción al juego. El texto que desean consensuar las comunidades autónomas y el Gobierno también regulará la explotación de actividades del juego interactivo de acuerdo con la normativa europea y habrá de asegurar su compatibilidad con las normas aplicables a ámbitos vinculados a la prestación de este tipo de servicios.
El Gobierno de Asturias informó, por su parte, de la intención de que el futuro documento base establezca un sistema de tributación sobre el juego en Internet y un sistema de reparto de la tributación obtenida. Asimismo, pretende articular un sistema de control sobre el juego y las apuestas en la Red que garantice unas condiciones de mercado seguras y equitativas para los operadores, además de un adecuado nivel de protección para los usuarios.
