Las acciones humanas son la causa de la desertificación. Así lo afirmó ayer WWF/Adena con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Según la organización ecologista, la deforestación, el sobrepastoreo, la construcción de infraestructuras, la expansión urbanística y los incendios forestales «resultan responsables en gran medida de que la desertificación y la sequía perjudiquen a una quinta parte de la población mundial y de que cada año se pierdan 24.000 millones de toneladas de suelo cultivable». A ello se suma además las prácticas agrícolas intensivas y la sobreexplotación de los recursos hídricos.
Se necesita un profundo cambio en las políticas de medio ambiente, agricultura, fomento, energía o economía para revertir esta tendencia y fomentar un uso del territorio compatible con la conservación del medio ambiente, asegura WWF/Adena. «Nos encontramos ante una buena oportunidad para diseñar una política agraria que use sosteniblemente el territorio y respete el medio ambiente, cumpliendo con los objetivos de la Unión Europea. Sólo de esta manera perseguiremos una agricultura más competitiva y resistente a los efectos de las sequías y el cambio climático», señaló Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF/Adena, refiriéndose al actual contexto de «chequeo médico» de la Política Agraria Común (PAC).
Buenas prácticas
La organización mantiene que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino tiene el reto de promover buenas prácticas agrarias, que potencien el ahorro de agua y minimicen los problemas de erosión y contaminación de suelos y recursos hídricos. Estas medidas incluyen, entre otras, el establecimiento de cubiertas vegetales en cultivos leñosos, la recuperación de setos vivos en los linderos de las parcelas o la sustitución de fertilización mineral por orgánica en las dosis adecuadas.
Además, y a juicio de WWF/Adena, el Ministerio debe mejorar la eficiencia del regadío mediante la modernización de los sistemas de riego y el uso de las últimas tecnologías para ajustar el volumen de agua a las necesidades reales del cultivo. Asimismo, debe cerrar los más de 510.000 pozos ilegales que existen actualmente e impedir la proliferación de otros nuevos.
