Alrededor de 75.000 familias españolas pueden perder su casa por no poder hacer frente al pago de la hipoteca, según ha advertido la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que pide al Gobierno la adopción de un plan urgente de protección de los ciudadanos afectados por la crisis económica. «El deterioro de la situación económica unido al fuerte endeudamiento al que se han visto sometidas las familias, en especial de aquellos que compraron su vivienda en los últimos años, está provocando, según todas las previsiones de distintos organismos, un incremento importante de la morosidad y en particular de la hipotecaria», señala OCU.
En España, según sus datos, el 49,6% de las familias tiene una hipoteca. «De cumplirse las previsiones sobre incremento de la morosidad hipotecaria de distintos organismos, alrededor de 75.000 pueden llegar a tener problemas para hacer frente al pago de sus hipotecas», advierte.
Muchas de estas familias se embarcaron en la compra de una vivienda «alentadas por las propias entidades financieras», que en gran parte de los casos han otorgado créditos de forma «poco responsable» a familias que no reunían los requisitos adecuados de solvencia, o concedían créditos por encima del 100% del valor de tasación de los activos que garantizan la deuda, denuncia OCU, que cree que no existe un sistema adecuado que garantice la protección del patrimonio de las familias afectadas por la insolvencia.
Culpables
La organización de usuarios considera «injusto» que el Ejecutivo destine millones de euros de las arcas públicas «a salvar a posibles entidades financieras en apuros, que son las verdaderas culpables de la crisis financiera en la que nos encontramos, y se olvide de ayudar a los consumidores que se encuentran en dificultades».
Entre otras cosas, propone al Ejecutivo eliminar los costes de la novación de las condiciones de los préstamos, así como la adopción de medidas de protección del patrimonio familiar y fiscales que faciliten la transmisión de la vivienda a quienes se vean afectados por una insolvencia sobrevenida. Insta además al Gobierno a reformar el sistema de ejecución hipotecaria para evitar que «desaprensivos sin escrúpulos y profesionales codiciosos» sean los únicos beneficiados de la ruina económica de las familias.
Las entidades financieras, por otra parte, «deberían actuar en consecuencia y facilitar las condiciones de pago a las familias» que podrían sufrir problemas de solvencia, concluye OCU.
