Los conductores que, sin sufrir ningún tipo de minusvalía, ocupen zonas de aparcamiento reservadas a personas con discapacidad deberían ser castigados con la retirada de puntos del carné de conducir, reclama el CERMI, comité que representa a este colectivo.
El CERMI mantiene que así se igualaría «parar o estacionar» en estos espacios reservados con hacerlo en curvas, cambios de rasante, túneles o intersecciones, por lo que propone su inclusión en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Esta propuesta podría «para dar cumplimiento a una demanda histórica de las personas con discapacidad, en relación a los aparcamientos reservados para ellas, dado el generalizado incumplimiento de este uso exclusivo y el peligro y compromiso de la seguridad que supone a un conductor con discapacidad no disponer del estacionamiento que la ley le reserva», explicó el comité.
«Cuando una persona con discapacidad espera encontrar la plaza reservada y ésta es utilizada indebidamente por otro conductor sin discapacidad, la persona con discapacidad debe buscar otro estacionamiento, a veces muy lejos de donde se dirigía, lo que le fuerza a cruzar entre vehículos, invadir la calzada y sortear obstáculos de todo tipo de riesgo para su integridad, habida cuenta de la falta de accesibilidad del entorno urbano», según las alegaciones del CERMI al proyecto de ley.
Representación en el Consejo de Seguridad Vial
Por otra parte, esta organización ha solicitado la inclusión de un representante del sector social de la discapacidad dentro del Consejo Superior de Seguridad Vial, que será el encargado de evaluar las políticas sobre tráfico.
«Los accidentes de circulación vial son la primera causa generadora de discapacidad grave en España, por lo que resulta evidente la necesidad de que el órgano oficial de participación y consulta de las políticas públicas, como es el Consejo Nacional de la Discapacidad, tenga presencia en el Consejo Superior de Seguridad Vial y así lo prevea la ley», justificó el CERMI.
Asimismo, reclama que se suprima la palabra «discapacitados» en uno de los artículos propuestos y se sustituya por el término correcto de «personas con discapacidad», tal y como establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
