La crisis triplicó el número de familias y empresas en quiebra en 2008. En conjunto, se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) 2.902, frente a las 976 registradas el año anterior.
La Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada hoy, indica que el número de familias en concurso fue de 374 el año pasado, frente a las 96 de 2007, casi cuatro veces más.
El número de familias en concurso fue de 374 el año pasado, frente a las 96 de 2007
En el caso de las empresas, fueron 2.528 las que se declararon en quiebra, 1.648 más que el año anterior. El 67% de ellas tenía como actividad principal la construcción, industria, inmobiliaria y servicios empresariales. En concreto, el 25% (623 empresas) se dedicaba a la construcción; el 22,7% a la industria (576); el 19,3% (490) a actividades inmobiliarias y servicios empresariales, y el 14,9% al comercio (377).
Cataluña, a la cabeza
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía fueron las comunidades con mayor número de declaraciones de concurso en el conjunto del año, dado que acapararon en 60% del total. Cataluña sumó 681, la Comunidad Valenciana 390 y Andalucía 373.
Las regiones con menos suspensiones de pagos en 2008 fueron la ciudad autónoma de Melilla, con sólo dos procedimientos; Cantabria, con 27, y Extremadura, con 28 concursos.
La Ley Concursal permite que las personas individuales, y no sólo las empresas, opten por un concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus deudas. Como refleja la estadística del INE, cada vez son más las familias que, cuando no pueden hacer frente a sus créditos, recurren a esta vía, la cual puede resultar muy cara.
Cabe recordar que los juzgados de lo mercantil nunca dan trámite a un concurso si los problemas se derivan de una única deuda. Así, según la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU), poner en marcha un concurso “tipo” -con un pasivo compuesto por 126.000 euros de una hipoteca, 15.000 euros de un crédito para el coche y 9.000 en préstamos al consumo- puede acarrear un coste adicional cercano a los 20.000 euros.
La familia necesitaría 13.500 euros para pagar al abogado y 3.500 para el procurador, según las estimaciones de CEACCU. La administración concursal costaría 1.500 euros, y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los edictos otros 1.200 euros.
