El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad, a través del Instituto Nacional del Consumo, y las comunidades autónomas permitirá que los servicios de consumo de estas últimas inspeccionen a más de 50 compañías aéreas y protejan a los usuarios ante posibles abusos. Se vigilará tanto la contratación electrónica mediante páginas web como la realizada en los establecimientos de estas líneas aéreas en cada comunidad.
En total, la medida afecta a 15 compañías nacionales, 35 comunitarias y una estadounidense. A todas ellas se aplicará un protocolo común de inspección y control «que comprobará el cumplimiento de la normativa de protección». Iberia, Air France, KLM, TAP, British Airwais, Air Europa, Spanair, Air Nostum, Vueling, Easyjet, RyanAir o Air Berlín son algunas de las aerolíneas que figuran en esta lista.
El cometido principal es impedir prácticas tan extendidas como la preselección de seguros o servicios extras en la contratación on line, la imposición de determinados medios de pago o números de tarificación adicional para contactar con las compañías, así como la falta de información «clara, comprensible e inequívoca».
En sus visitas a las oficinas de estas compañías los inspectores «verificarán si reúnen los requisitos de información a los usuarios exigidos legalmente» y «la documentación general en materia de consumo». Comprobarán si disponen de hojas de reclamación y denuncia, si anuncian su disponibilidad en carteles a la vista y si cuentan con información visible de horarios comerciales, incluso con el establecimiento cerrado. También verificarán la emisión de facturas a los usuarios que la soliciten, la admisión del pago en efectivo en la venta presencial y si disponen de un listado con las tarifas, recargos, impuestos u otros costes añadidos al precio del billete.
La inspección analizará, igualmente, si las páginas web de las aerolíneas cumplen la normativa en vigor en materia de protección al usuario y de comercio electrónico y los reglamentos comunitarios. También verificará si el usuario puede acceder con facilidad a los datos del responsable de la compañía y a las informaciones sobre precios y códigos de conducta, que deben figurar de forma bien visible en la página web. La información sobre el precio también debe figurar «clara y exactamente» en la página y corresponder al coste final, incluidos impuestos, recargos, suplementos, descuentos, derechos que sean obligatorios, etc.
Los servicios de consumo de las comunidades examinarán si en el contrato tipo se incluyen cláusulas abusivas o se imponen condiciones particulares para el ejercicio de los derechos de los usuarios. Asimismo, se observará si se informa de manera clara y accesible de los mecanismos previstos para que los viajeros hagan valer su derecho de desistimiento y de los procedimientos para realizar cambios y anulaciones.
