El progresivo envejecimiento de la población produce también un incremento de las personas que no pueden valerse por sí mismas. En la actualidad son cerca de dos millones las personas que reciben prestaciones económicas con cargo al seguro de dependencia.
El seguro de dependencia o seguro de asistencia a personas impedidas es obligatorio para los afiliados a la Seguridad Social. Los trabajadores deben cotizar el 1,7% de su salario bruto para poder disfrutar de este seguro en caso de necesidad.
El Gobierno ha realizado un informe o libro blanco sobre las dependencias en España con el objeto de crear un Sistema Nacional de Dependencias. El objeto sería conseguir que las personas que hayan perdido su autonomía física, psicológica o intelectual tengan una atención adecuada.
El informe señala que en 2010 serán unos tres millones las personas dependientes y en 2050 la población mayor de 70 años o más será mayoritaria. Estos y otros indicadores hacen necesaria una reflexión sobre la cobertura sobre dependencias que necesitará la población los próximos años y décadas.
La puesta en marcha de este sistema público supondría una inversión de unos 9.000 millones de euros, que aportaría el Estado, a través de sus diferentes administraciones locales autonómicas y central, y los propios trabajadores.
El sector de los seguros privados ya se ha interesado por esta modalidad, que está presente en las ofertas de aseguradoras europeas y norteamericanas. El principal problema es que estos seguros resultan caros y además en España hay una escasa tradición aseguradora. Así, desde Mapfre ha manifestado, en palabras de su presidente, José Manuel Martínez, que el seguro de dependencia privado sólo será viable «si el Gobierno permite que la prima sea deducible total o parcialmente de la base imponible».
En la actualidad las empresas de seguros ofrecen a sus clientes la posibilidad de contratar un seguro de invalidez, que cubre parte de las necesidades de una persona dependiente, pero que queda muy lejos de satisfacer su totalidad.
