La reforma de la Ley Concursal de 2003, que entra en vigor este lunes 2 de enero de 2012, contribuirá a que empresas y particulares puedan adoptar acuerdos de refinanciación con el objetivo de evitar la declaración de concurso de acreedores. La modificación legislativa, que se adoptó el pasado 22 de septiembre en el Congreso, posibilitará que las empresas con dificultades económicas tengan la oportunidad de renegociar sus deudas si cuentan con el respaldo de los acreedores que representen el 60% del total de la deuda y el informe favorable de un experto independiente.
De este modo, se favorecerá la entrada de liquidez en las empresas con el objetivo de poner freno a las situaciones de impago y limitar las declaraciones de concurso de acreedores. Con la reforma, se modifica la capacidad que tenían las minorías para poder bloquear la firma de acuerdos, que desembocaba en la inevitable declaración de concurso. Además, la modificación normativa introduce también medidas extrajudiciales para la solución de situaciones de impago personal o familiar, como la intervención de mediadores o la firma de pactos notariales.
La actual reforma de la Ley Concursal pretende de este modo subsanar algunas de las situaciones que ha provocado la anterior regulación de 2007. En concreto, parte con el objetivo de reducir las declaraciones de concurso de acreedores, que batieron un nuevo récord en el tercer trimestre de 2011, con un total de 1.817 procesos. Esta cifra representa un incremento del 16% respecto al mismo periodo de 2010 y supone el número más elevado desde que se iniciaron en 2004 las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
