El Gobierno ha autorizado la firma del Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño para un procedimiento de comunicaciones, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 2011. Este Protocolo contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, así como un procedimiento de comunicaciones y un procedimiento de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos del niño.
El Ejecutivo destacó que la firma de este Protocolo «va a constituir un avance histórico en la promoción de los derechos de la infancia, ya que no solo se trata de reafirmar la condición de los niños como sujetos de derecho, sino que reconoce su competencia para defender, según sus aptitudes, ellos mismos sus derechos directamente ante una instancia internacional». El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo será el encargado de realizar la firma de este Protocolo en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el próximo martes 28 de febrero.
Además, la firma por España del Protocolo Facultativo es especialmente relevante al coincidir con la negociación de las nuevas directrices de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, en las que participa de manera muy activa la sociedad civil, «y es una muestra más del compromiso español en esta materia, que viene a complementar los mecanismos nacionales y regionales existentes hasta ahora», señaló el Gobierno.
En cuanto al Comité de Derechos del Niño, el Ejecutivo precisó que se trata de un instrumento procedimental que no implica para los Estados partícipes la asunción de nuevas obligaciones sustantivas, así como tampoco obligaciones financieras para la Hacienda pública, dado que la labor del Comité se financia con fondos de Naciones Unidas y no de los Estados firmantes del Protocolo.
Hasta el momento, la Convención de Derechos del Niño era el único tratado internacional en materia de derechos humanos que contaba con un procedimiento obligatorio de presentación de informes, pero no con un procedimiento de comunicaciones. Este nuevo Protocolo introduce, por primera vez, mecanismos de protección de derechos contemplados en otros instrumentos internacionales en los que España ya es parte, ofreciendo la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales referidas a países que hayan firmado el Protocolo, siempre y cuando el Estado denunciado haya reconocido la competencia del Comité para examinar estas denuncias.
