El Gobierno aprobó en su Consejo de Ministros del 4 de mayo un real decreto ley sobre medidas urgentes en materia de medio ambiente, «para evitar duplicidades entre administraciones, garantizar la unidad de mercado y simplificar los procedimientos que por su complejidad y coste suponían una gestión difícil», según declaró. Entre las medidas recogidas figura la recuperación de las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas por parte del Ejecutivo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que se deroga la normativa anterior que posibilitaba que cada comunidad autónoma pudiera asumir competencias de policía, sancionadoras, en la cuenca que correspondía a su autonomía. En este sentido, recordó que el pasado mes de marzo el Tribunal Constitucional «dejó sentado» el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, dijo que el Gobierno anterior aprobó un real decreto ley que permitía a las autonomías asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
Sáez de Santamaría señaló que para el actual Ejecutivo «es más necesario que nunca» que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una «clara delimitación de competencias» entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una «mayor eficiencia y eficacia» en beneficio de los ciudadanos. La vicepresidenta aseguró que se trata de «no multiplicar costes por tres, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado». Las sanciones que impondrá el Ejecutivo oscilan entre las leves (multa de hasta 10.000 euros) y las muy graves (de entre 500.000 y hasta 1 millón de euros).
En línea con la Directiva de la Unión Europea «Marco del Agua», en la nueva normativa también se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. Así, se introduce un régimen que permita reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en los acuíferos subterráneos, así como una mayor flexibilidad para gestionar sus disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación.
Gestión de residuos
Poe otra parte, el nuevo real decreto aborda «el complejo» sistema de notificaciones existente para trasladar residuos entre varias comunidades. Sáenz de Santamaría recordó que en la actualidad se necesita la notificación de la comunidad autónoma de salida y de llegada, lo que supone «múltiples dificultades» para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
Las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar «imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas» de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
De igual modo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
El real decreto ley aprobado el 4 de mayo también modifica la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo de consolidar y unificar en un solo instrumento de protección las diversas figuras protectoras y mecanismos de planificación que, en ocasiones, se solapan en la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000, lo que genera retrasos e inconvenientes entre la administración y los ciudadanos. «Se quiere acabar así con situaciones en las que, en una misma hectárea, podían concurrir diferentes instrumentos de gestión», señaló el Ejecutivo.
