La Sociedad Pública de Alquiler (SPA), dependiente del Ministerio de Fomento, presenta pérdidas por valor de 45 millones de euros acumulados durante los años que ha estado en funcionamiento, desde su creación en 2005 en la etapa de María Antonia Trujillo al frente del Ministerio de Vivienda.
Los datos de Fomento presentados en el Congreso por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, indican que en estos años la SPA ha intermediado en poco más de 4.500 contratos de arrendamiento y ha acumulado «más de 45 millones de pérdidas», por lo que «el impacto en el gasto público no se justifica por el resultado».
Fomento lleva a cabo la extinción de esta sociedad ya que su balance final se ha «acreditado bastante deficiente». La disolución se realiza de forma «ordenada», tanto en materia de personal -se negocia un expediente de regulación de empleo (ERE) con los sindicatos- como en relación con los contratos intermediados. «Habrá una subrogación, ya veremos si con el Ayuntamiento de Madrid o con las comunidades autónomas, pero con garantías en todo caso a los propietarios y los inquilinos», avanzó Catalá.
El secretario de Estado señaló que el mercado del alquiler no debe estar intervenido por la Administración General del Estado, que «debe dedicarse a promover reformas legislativas» que dinamicen este sector y, en este sentido, el Ministerio defiende su proyecto de ley de Fomento del Alquiler, que tiene como objetivo «pasar de un mercado residual que apenas representa el 17%» a tasas «comparables» con las de otros países europeos. «Queremos un marco normativo que genere confianza y agilice (el mercado del alquiler) para que sea una realidad y ni propietarios ni inquilinos se encuentren desprotegidos o se llegue a un parque de alquiler muy insuficiente», dijo, para después avanzar que la norma podría llegar al Congreso en septiembre.
En cualquier caso, y en lo relativo a las ayudas al inquilino o para el alquiler, Fomento garantiza que «quienes han generado un derecho lo mantendrán», aunque no se concederán a nuevos beneficiarios. Esto es así porque el Gobierno es «crítico» con el gasto que este tipo de iniciativas ha supuesto. «Hemos encontrado que algunas actuaciones, que pueden tener mucho sentido, han generado un gasto por encima de las previsiones», afirmó Catalá, que puso como ejemplo que las 68.199 subvenciones concedidas a inquilinos generaron un gasto un 23% superior del dotado inicialmente.
