El Gobierno reducirá un 15% la paga a los cuidadores familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales que se incorporen a partir de ahora al sistema. Estas son algunas propuestas de reforma de la ley de dependencia que planteó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según informaron las consejeras de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, y la de Política Social de Canarias, Inés Rojas.
Mato explicó a las comunidades autónomas la propuesta de reforma de la ley que llevará el próximo viernes 13 de julio al Consejo de Ministros, que modificará la aportación de los usuarios al sistema. La reforma que ultima el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad implicará que las personas dependientes con discapacidad entrarán en el copago, una aportación de la que hasta ahora estaban exentos. Lo adelantó así el consejero valenciano, Jorge Cabré, antes de que terminara la reunión del Consejo Territorial de Dependencia, en la que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, informó a las comunidades autónomas sobre los detalles de la modificación. En este sentido, explicó que se fijarán los criterios para cada caso, pero «todos los ciudadanos dependientes» tendrán que aportar al sistema «dentro de sus posibilidades».
Además, para calcular la capacidad económica del usuario se tendrá en cuenta su patrimonio, «no solo su renta», conforme aclaró el consejero, de modo que este precepto recogido en el borrador del real decreto no ha sufrido modificaciones. Igualmente, la reforma recoge un recorte del 15% en la prestación económica que actualmente reciben las personas que se quedan en casa para cuidar de sus familiares dependientes, unas prestaciones que según la norma debían ser excepcionales y que se han generalizado. Lo apuntó la consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, también presente en la reunión para analizar la reforma que, según las previsiones del Gobierno, debería aprobarse este viernes en Consejo de Ministros.
Rojas señaló que además del citado recorte, pensado «para desincentivar los cuidados familiares», se primará a las comunidades autónomas que den prioridad a los servicios, de manera que el 90% de los fondos para la dependencia que aporte el Gobierno se repartirán entre todas las autonomías en función del número de personas atendidas, mientras que el 10% restante será para las que más servicios (plazas residenciales, por ejemplo) mantengan. También apuntó que otras medidas previstas en la reforma, como la eliminación de los niveles de gravedad (uno y dos) con los que actualmente se cataloga a los dependientes de cada grado y la ampliación a cinco años el carácter retroactivo de las prestaciones, actualmente fijado en tres. No obstante, los usuarios no tendrán derecho a recibir las ayudas que les correspondan con carácter retroactivo más allá de un plazo de dos años.
En cuanto al real decreto que revisará el copago, asunto que también se abordó en la reunión, Rojas apuntó que «se ha mejorado» el texto inicial con la inclusión de aportaciones del sector de la discapacidad y concretó que se ha aumentado finalmente el tramo fijado del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) como referencia de la capacidad económica del usuario «para que las personas con menos renta no paguen tanto».
