La firma del Protocolo de Kyoto supuso un gran paso hacia la reducción de los gases de efecto invernadero, destructores de la capa de ozono de la atmósfera. El objetivo mundial pasa por reducir para 2012 un 5,2% los niveles con respecto a los de 1990. Por su parte, la Unión Europea (UE) se comprometió a reducir aún más sus emisiones, llegando a un 8% entre 2008 y 2012.
España, aunque dispone de la segunda cuota más generosa de nivel de emisiones, se sitúa a la cola de EuropaLos límites no son iguales para todos los países, porque se tomó en cuenta el nivel de desarrollo energético. Por ejemplo, la India y China, a pesar de haber ratificado el Protocolo, han sido excluidas de su cumplimiento por el momento, debido a su menor nivel de desarrollo. España, aunque dispone de la segunda cuota más generosa de nivel de emisiones (se le permite incluso generar un 15% más con respecto a 1990), se sitúa a la cola de Europa en lo que respecta al incumplimiento de su compromiso: En 2004 ya había llegado a un 47%, un exceso de 8,5 millones de toneladas en gases emitidos.
La emisión extra significa el pago de una penalización que la UE establece en 100 euros por tonelada, aunque se puede evitar de dos maneras principales. Una posibilidad consiste en la ayuda a países menos desarrollados mediante la inversión en los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), donde el coste está actualmente entre 5 y 10 euros por tonelada.
La segunda opción consiste en la compra de derechos de emisión en los mercados de excedentes de CO2. El comercio de derechos de emisión permite a las empresas superar su cuota de emisiones, designada por el Plan Nacional de Asignación (PNA) de cada Gobierno, a condición de que otras empresas con menores emisiones les vendan sus cuotas. En total, en la UE hay unas 12.000 instalaciones que pueden participar en la bolsa europea de emisiones, de las cuales unas mil corresponden a industrias españolas.
Según los responsables europeos, el sistema no perjudica al medio ambiente, porque el efecto invernadero es un fenómeno global, y fomenta el desarrollo de tecnologías limpias, gracias a los beneficios de la venta de emisiones. La UE ya aplica un modelo similar con las cuotas lecheras o pesqueras.
Este mercado tiene su apertura oficial prevista para el 1 de enero de 2008. Según el Banco Mundial, podría alcanzar un volumen de entre 30.000 y 40.000 millones de dólares/año. No obstante, en la UE funciona ya desde el 1 de enero de 2005, a través del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, ETS en sus siglas inglesas. Aunque de aplicación exclusiva en la UE, los expertos consideran que el ETS se impondrá en los mercados financieros internacionales, gracias a su seguridad jurídica y económica.
Recientemente, el mercado de los derechos de emisión ha experimentado un fuerte descenso en sus precios por tonelada, pasando de los 30 euros a los 11, lo que beneficia a las empresas que han superado dichos límites. Si se consolida este desplome, los países en vías de desarrollo se verían perjudicados, porque las compañías europeas dejarían de optar por los MDL en esas zonas. Según los expertos, esta brusca bajada podría estar motivada principalmente por dos razones:
- El protocolo se está cumpliendo, lo que genera menos demanda de derechos. Algunos analistas sostienen incluso que España podría solicitar menos derechos de lo estimado inicialmente, aunque el incremento del gasto de energía anual, entre un 5% y 10% según datos de Red Eléctrica de España, lo pone difícil
- La inflación de los precios, a causa de las presiones de los sectores más perjudicados por el Protocolo
En diciembre de 1997, la Convención Marco sobre Cambio Climático celebrada en la localidad japonesa de Kyoto, bajo los auspicios de la ONU, asistía a la firma de un Protocolo por el que 125 países se comprometían a reducir las emisiones de los seis gases catalogados como causantes del efecto invernadero.
Sin embargo, algunos expertos consideran que el Protocolo está herido de muerte, puesto que Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, no ha ratificado el acuerdo, al igual que Australia, Liechtenstein y Mónaco. Además, recuerdan que el Protocolo no limita a los sectores de transporte, agricultura y residencial, que producen el 60% de las emisiones. Asimismo, consideran que será el ciudadano quién pague sus consecuencias, mediante regulaciones de empleo o con el pago de mayores tarifas o impuestos. Por ello, ya se ha empezado a hablar de una segunda fase de Kyoto, en la que se pueda atraer a los países no firmantes y mejorar sus objetivos.
