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Unas diez mil empresas del sector de los aparatos eléctricos y electrónicos en España no sufraga el reciclado de dichos aparatos como marca la ley, según nueve asociaciones y siete fundaciones del sector, que agrupan a los productores y los importadores con mayor peso. Asimismo, recalcan, estas empresas se apropian del «coste visible», la cantidad de dinero que repercute en los consumidores en cada compra de aparatos nuevos para esta finalidad.
Según este colectivo, que ha remitido su queja por carta a los Ministerios de Medio Ambiente e Industria, este fraude podría ascender a unos 15 millones de euros anuales. Los sectores con mayor índice de fraude serían los de la informática, la electrónica de consumo, las herramientas eléctricas y el pequeño electrodoméstico.
Los productores deben estar inscritos en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos del Ministerio de Industria. Sin embargo, las asociaciones y fundaciones firmantes afirman que sólo hay un millar de empresas registradas, las de mayor peso en un sector que mueve anualmente unos 180 millones de euros. Estas empresas estarían haciendo frente a la totalidad de los gastos de reciclado, subrayan, ya que la normativa establece que las empresas registradas asumirán de forma proporcional el coste total del reciclaje.
Los españoles generan unos 16 kilos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por persona y año: más de 600.000 toneladas, una cifra que se duplicará en los próximos 12 años, según la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS).
La aprobación, el 27 de enero de 2003, de la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), implantaba diversos objetivos para prevenir en los estados miembros la generación de residuos de este tipo de aparatos y fomentar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, a fin de reducir su eliminación.
El 85% de estos residuos acaba en vertederos, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humanaEsta norma, trasladada a la legislación española con la entrada en vigor, el 13 de agosto de 2005, del Real Decreto 208/2005, establecía llegar a gestionar con criterios ambientales el 25% de estos aparatos en desuso, marcando de plazo hasta diciembre de 2006. Sin embargo, en la actualidad el 85% de estos residuos acaba en vertederos, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud humana, debido a las sustancias tóxicas que contienen.
En este sentido, la ley obliga a los fabricantes a financiar el sistema de recogida, transporte y tratamiento de 4 kilos por habitante y año mediante Sistemas Integrados de Gestión (SIG), o empresas que se encargan de la gestión ambiental de estos desechos. Los SIG sólo pueden encargarse de ellos si los consumidores entregan los aparatos viejos en los comercios, en el caso de que adquieran un aparato de características similares, o en los puntos limpios.
Por ello, la colaboración ciudadana es fundamental. En este sentido, las organizaciones del sector Ecotic, Ecolec, Ecoasimelec, Ecofimática y Tragamóvil, junto a la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), repartían recientemente en diversas grandes superficies comerciales españolas folletos informativos para concienciar a los consumidores de su imprescindible participación.
Según la AERESS, el problema también se encuentra en el incumplimiento de la ley por parte de alguno de los agentes implicados en este proceso, así como la «falta de protagonismo» del Ministerio de Medio Ambiente, que debería apremiar a los mismos.
No obstante, algunas empresas ofrecen la cara opuesta a esta falta de sensibilidad ambiental. En diciembre de 2002 algunas multinacionales del sector, como Braun, Electrolux, HP o Sony creaban, de forma independiente y adelantándose a la Directiva Europea, la Plataforma Europea de Reciclaje (ERP en sus siglas inglesas) para la gestión de estos residuos.
Japón lleva desde 2001 con una Ley nacional que obliga a los fabricantes a colaborar en la recogida y desmontaje de los viejos electrodomésticos. Algunos de estos fabricantes han construido sus propias fábricas de reciclado, como por ejemplo el Matsushita Eco-Technology Center (METEC), que cubre el área central y occidental de Japón, aunque muchas de ellas contratan para ello compañías terceras especializadas.
Asimismo, hoy día un distribuidor o fabricante europeo debe inscribirse en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que conlleva una declaración trimestral de los aparatos puestos en el mercado y la participación de un sistema individual o colectivo para la gestión de sus residuos.
Por otra parte, los responsables comunitarios también aprobaban el 27 de enero la Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. A partir de 2007, no podrán estar compuestos de las siguientes sustancias peligrosas: Plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente (Cr VI), polibromobifenilos (PBB) y polibromodifeniléteres (PBDE).
Los beneficiarios del Plan Renove pueden ser personas físicas o jurídicas que sustituyan electrodomésticos por otros de etiqueta energética de clase A o superior, de los siguientes tipos: frigoríficos, congeladores, lavadoras y lavavajillas, tanto convencionales como bitérmicos. La gestión y cuantía de la ayuda depende de cada Comunidad Autónoma, con un mínimo de 50 euros por aparato, que sólo se hará efectiva tras la entrega del aparato antiguo. El IDAE dispone de una base de datos con estos electrodomésticos, junto con algunas de sus características técnicas. Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ofrece una calculadora que permite conocer cuánto se ahorra con un electrodoméstico más eficiente.
Según Ecologistas en Acción, estas ayudas no incentivan el consumismo, sino que contribuyen a reemplazar electrodomésticos menos eficientes que hayan agotado su vida útil. Por ello, critican las escasas consignaciones de algunas Comunidades Autónomas.
