El Congreso de los Diputados aprobaba recientemente la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que protege por primera vez el hábitat en su conjunto y no sólo determinadas zonas y especies, antepone la defensa ambiental sobre el desarrollo territorial y urbanístico y fija sanciones que podrán alcanzar los dos millones de euros. Las ONG ambientales la han calificado de “gran avance cualitativo”, e incluso han restado importancia a la enmienda aprobada a última hora que permite la caza de perdiz con reclamo.
La nueva Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que iniciará en breve su tramitación parlamentaria, sustituye a la antigua Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna Silvestres. Propuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, ha incorporado las dos directivas europeas fundamentales para la conservación de la naturaleza, las denominadas de Aves y de Hábitats, que hasta ahora no estaban bien asumidas, especialmente las zonas protegidas como Red Natura 2000, que abarca aproximadamente un 24% del territorio español.
La nueva Ley convierte a estas zonas protegidas, incluidas las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), las Zonas de Especial Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), como la red de espacios protegidos más importante de España. Asimismo, la norma impide talar o dañar los árboles de más edad y tamaño, hasta ahora sin protección. Para controlarlos se creará un «Catálogo Nacional de Árboles Singulares», y sus propietarios recibirán ayudas económicas en caso de necesitar tareas de mantenimiento o mejora.
En este sentido, aunque se respeta el desarrollo de actividades humanas tradicionales sostenibles, como la agricultura y la ganadería extensivas, se impiden los cambios drásticos que pongan en peligro estos espacios protegidos, como los usos industriales o urbanísticos del territorio. No obstante, se permitirán proyectos que puedan perjudicar estas zonas por «razones imperiosas de interés público de primer orden» declaradas por Ley o por acuerdo de las instituciones. En este caso, deberán adoptarse medidas compensatorias que se informarán a la Comisión Europea.
La nueva Ley convierte a la Red Natura 2000, que abarca un 24% del territorio español, como el espacio protegido más importante de EspañaAsimismo, la nueva Ley crea una Red de Áreas Marinas Protegidas, un elemento muy importante en un país costero como España. Según las ONG ecologistas del Consejo Asesor de Medio Ambiente, -WWF/Adena, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra- esta medida supone un «avance muy sustancial y novedoso, ya que muy pocos países europeos reconocen esta figura en su legislación.» Los ecologistas subrayan también que la Ley prevé y define por primera vez de manera clara los espacios protegidos transfronterizos, y otras áreas protegidas derivadas de convenios internacionales, como los humedales Ramsar o las Reservas de la Biosfera.
Las sanciones también son una parte importante de esta Ley, con un rango variado que se mueve desde las infracciones leves (con sanciones desde los 500 a 5.000 euros) que incluye por ejemplo perturbar, matar, capturar y retener aves en épocas de reproducción y crianza; hasta infracciones muy graves (con multas de 200.000 a dos millones de euros), cuando la destrucción del hábitat de especies en peligro derive en daños superiores a los 100.000 euros.
Mayor estudio de los hábitats
El mayor conocimiento de los hábitats y sus especies es otro de los objetivos fundamentales de la Ley. Se establece un Catálogo Estatal de Hábitats en Peligro para realizar planes de conservación y restauración de los mismos, y se refuerza la necesidad de elaborar planes de recuperación de las especies amenazadas. De esta manera, se marca un plazo de tres años para las catalogadas en peligro de extinción y cinco años para las vulnerables. Asimismo, se pondrá en marcha una Red de Bancos de Material Biológico y Genético y un Inventario Nacional de Bancos de Material Biológico y Genético de Especies Silvestres.
Por otra parte, se creará un Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, que incorporará el actual Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. También se desarrollará un Catálogo Nacional de Especies Exóticas Invasoras, las cuales no podrán poseerse, transportarse, traficarse y comercializarse, ni vivas ni muertas, y deberá realizarse una estrategia de control y posible erradicación.
La norma se arropa con varios instrumentos para lograr sus objetivos. Uno de ellos es la creación del Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para potenciar la participación pública. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente elaborará, con la colaboración de las comunidades autónomas y de las instituciones y organizaciones científicas, el Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Asimismo, las diversas instituciones involucradas en su desarrollo deberán elaborar un Plan Estratégico Estatal de la Biodiversidad, siguiendo las pautas del Convenio de Biodiversidad de Río y de la legislación europea.
Las principales organizaciones ecologistas españolas se han mostrado en general satisfechas porque se han rechazado casi todas las enmiendas introducidas por el Senado, las cuales pretendían favorecer determinadas prácticas cinegéticas prohibidas por la Unión Europea. No obstante, a última hora se conseguía incluir una enmienda que permite la caza de perdiz con reclamo. En cualquier caso, los ecologistas lo tildan de “victoria pírrica”, porque creen que esta disposición será anulada por el Tribunal Europeo de Justicia, por ser contraria al derecho comunitario.
En este sentido, los colectivos de cazadores han criticado esta ley por considerar que limita enormemente su actividad. Uno de los artículos más conflictivos para este sector es el que prohíbe la munición con plomo en humedales. Por ello, diversas asociaciones de cazadores, así como agricultores y ganadores que también se consideran perjudicados por la nueva ley, han anunciado manifestaciones para los próximos meses.
Por otra parte, algunos expertos consideran que el hecho de que las competencias pertenezcan finalmente a las administraciones autonómicas y locales puede dejar la ley en un simple enunciado teórico.
