Mañana entrará en vigor la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas, un texto que engloba a 650 millones de personas en todo el mundo: una de cada diez. A pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos debería ser suficiente para proteger a todos, con este instrumento se intenta garantizar que, además, el cumplimiento de los derechos se realice en condiciones de igualdad.
El pasado 3 de diciembre, España ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas. Jamaica fue el primer país en hacerlo y Ecuador, el último. A un año de su adopción, este pacto ha sido firmado por 106 países. El objetivo del texto es promover, proteger y asegurar el cumplimiento, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Un total de 650 millones. Las buenas noticias no acaban aquí. Si las previsiones se cumplen, la Comisión Europea propondrá en junio la adopción de una directiva específica contra la discriminación de las personas con discapacidad en Europa. Esta decisión es fruto de la campaña «1 millón por la discapacidad», que se desarrolló el pasado año y obtuvo más de 1.350.000 firmas.
«En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos»
«En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para proteger a todos», reconoce la propia Organización de Naciones Unidas. Pero no es así. Las personas con discapacidad conforman uno de los grupos más vulnerables, junto a las mujeres, los niños y los refugiados, por lo que necesitan una atención especial. En ocasiones, carecen de las mismas oportunidades que el resto de la población. Para subsanarlo, la Convención de la ONU trata de acabar con las prácticas discriminatorias. Han sido necesarios cinco años de negociaciones para que este texto vea la luz, pero si su aplicación es efectiva, puede enmendar errores.
Impacto legislativo
Una vez aprobado el texto, las dudas planean sobre el impacto legislativo que tendrá. La Convención pretende servir de instrumento para que los gobiernos introduzcan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales. Se trata, en definitiva, de garantizar una igualdad plena en todos los ámbitos.
En este sentido, el informe Derechos Humanos y Discapacidad en España trata de «documentar la realidad y proponer perspectivas de mejora». Realizado por Leonor Lidón, de la Fundación ONCE, en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), supone la parte correspondiente a España de un estudio europeo respaldado también por Alemania, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía. El documento defiende el abordaje de la discapacidad «en el ámbito de la dignidad y valor de cada ser humano» para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos.
Se buscan cambios que mejoren y promuevan el acceso a la educación, al empleo, a sistemas de salud adecuados y a entornos sin obstáculos físicos ni sociales
Para ello, el informe recoge cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, en un intento de facilitar el desarrollo de las modificaciones y disposiciones normativas que sean necesarias tras la entrada en vigor de la Convención de la ONU. «La aplicación de la Convención va a propiciar un momento importante para ver hasta qué grado la legislación vigente es efectiva y es algo más que una declaración de voluntades», asegura el director general de la Fundación ONCE, Luis Crespo.
Reformas
Alcanzar una situación de igualdad implica responder a las necesidades reales de las personas discapacitadas y atender a sus particularidades. En esta línea, según el director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Fernando Fernández-Arias, la Convención supone un cambio de enfoque de la discapacidad, «ya que pasa a tratarse a nivel internacional desde la perspectiva de los derechos humanos y, además, reconoce las especificidades de la situación de las personas con discapacidad».
Esto supondrá algunos cambios legislativos para poder cumplir los principios de la Convención. De hecho, el CERMI ya ha advertido de que la «plena adecuación» de la legislación española a los valores, contenidos y mandatos de la Convención de la ONU será una de sus prioridades. Por su parte, otras voces han pedido que se modifique el procedimiento de incapacitación. Para la Fundación Aequitas, del Consejo General del Notariado para la ayuda de las personas necesitadas de especial protección, la Convención plantea «una nueva perspectiva» en la situación de las personas y su capacidad de obrar, lo que implica «una nueva lectura del sistema jurídico del derecho privado en materia de capacidad».
El artículo 12 reconoce la capacidad jurídica de las personas discapacitadas y defiende medidas oportunas «para impedir los abusos»
El artículo 12 de la Convención reconoce la capacidad jurídica de las personas discapacitadas y defiende la puesta en marcha de medidas oportunas «para impedir los abusos». En concreto, subraya la necesidad de respetar sus derechos, voluntad y preferencias e insta a tomar «todas las medidas que sean pertinentes y efectivas» para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a ser propietarias, heredar bienes, controlar sus asuntos económicos, acceder en igualdad de condiciones a préstamos bancarios o no ser privadas de sus bienes de «manera arbitraria».
Se trata de poner fin a cualquier situación de discriminación e indefensión, «no en categorías médico-jurídicas, tampoco en porcentajes, sino en situaciones personales o sociales», defiende la Fundación Aequitas. Según esta entidad, la adaptación de la actual normativa a los criterios o exigencias de la Convención permitirá equiparar a las personas con inteligencia límite y las personas con discapacidad «ante problemas que les fueran comunes».
La intención última de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas es elaborar un listado detallado de derechos y un código de aplicación. Asimismo, exige a los países firmantes un compromiso para desarrollar leyes o medidas que garanticen el cumplimiento de estos derechos, combatan los estereotipos y prejuicios, y respalden la igualdad de todas las personas, en especial, de las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad.
El objetivo es elaborar un listado detallado de derechos y un código de aplicación
Por otro lado, la Convención reconoce el acceso igualitario a la justicia y a la educación, exige a los países que protejan la integridad física y mental de las personas con discapacidad y la confidencialidad de su información personal y en materia de salud, aboga por la eliminación de los obstáculos y las barreras físicas y busca promover la movilidad personal y la independencia.
