El acceso al mercado laboral en igualdad de condiciones es una meta que, aún hoy, cuesta cruzar. Especialmente para las personas extranjeras, constituye una carrera de obstáculos a los que la Ley, con más o menos éxito, trata de dar solución. Los contingentes de trabajadores o los puestos de difícil cobertura conforman dos estrategias para garantizar el acceso legal a un empleo, pero a su vez, limitan el número de personas extranjeras que tienen esta posibilidad. Por ello, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha puesto en marcha una campaña para prevenir la discriminación laboral y potenciar los aspectos positivos del acceso de las personas inmigrantes al mercado de trabajo.
La discriminación de las personas extranjeras en el ámbito laboral tiene su origen, según el informe de CEAR «La situación de los refugiados en España», en varios factores. Los contingentes de trabajadores, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la «escasa o nula» valoración de la formación y trayectoria profesional en el país de origen, los prejuicios de algunas capas de la sociedad o el propio marco legal promueven, según este estudio, «un marco estructural de discriminación» que dificulta el acceso a un empleo y favorece la inmigración irregular.
El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, defiende el empleo como «uno de los aspectos claves» para la inclusión social de esta población. En el último «Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados» reconoce, de hecho, que el trabajo es un medio «imprescindible» para alcanzar una mejora de las condiciones de vida y subraya como objetivo inicial del flujo migratorio que recibe España, «una inmigración fundamentalmente económica».
El trabajo es un medio «imprescindible» para alcanzar una mejora de las condiciones de vida
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y de una tendencia creciente de la contratación indefinida entre la población no comunitaria, el informe del Foro confirma que ésta «siempre ha estado por debajo» del volumen total de contratos indefinidos y del porcentaje de trabajadores comunitarios que los firman.
En este contexto, CEAR ha puesto en marcha la campaña «Contra la discriminación: ¡Infórmate y Actúa!». Su objetivo es potenciar los aspectos positivos del acceso y permanencia al mercado de trabajo de las personas inmigrantes. La iniciativa, cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Fondo Social Europeo, intenta prevenir la discriminación de los trabajadores extranjeros gracias a la adhesión de las empresas a este proyecto. «Hemos empezado a obtener resultados», destaca un portavoz de CEAR.
Discriminación directa e indirecta
El principal propósito de la campaña es luchar contra cualquier tipo de discriminación directa o indirecta. Se quiere poner fin a aquellas situaciones en las que una persona es tratada de forma menos favorable por razones de origen racial, religioso u otras. Acabar, al mismo tiempo, con la desventaja que pueden generar una disposición legal, una cláusula, un pacto o una decisión, aparentemente neutros, «siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios», precisan desde CEAR.
Se insta a establecer un número mínimo de empleados extranjeros y revisar el posible impacto negativo de algunas prácticas
La ausencia de discriminación permite aprovechar al máximo el capital social y humano, los conocimientos, experiencias y habilidades de todas las personas. Por ello, esta iniciativa anima a los empresarios a plantearse cómo prevenir y afrontar las situaciones de discriminación.
Entre otras medidas, se propone romper con los estereotipos y prejuicios para seleccionar a los trabajadores de acuerdo a criterios objetivos que valoren sus aptitudes, competencias, capacitación o experiencia. Se insta a establecer un número mínimo de empleados extranjeros por empresa, a diseñar itinerarios de incorporación y revisar periódicamente «si las políticas y prácticas que se desarrollan en la empresa tienen impacto negativo sobre grupos concretos de trabajadores».
Por otro lado, se apuesta por la incorporación de módulos de educación intercultural, contratación de alumnos extranjeros en prácticas, colaboración con entidades que trabajen en la orientación e intermediación laboral y creación de redes de tejido empresarial con compromiso social.
En la actualidad, existen varias leyes que prohíben la discriminación y el acoso en el trabajo. Así, el artículo 34 de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, establece el modo de conseguir que el principio de igualdad de trato y no discriminación sea “real y efectivo” en aspectos como el acceso al empleo, las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación profesional ocupacional y continua.
Por su parte, la Directiva 2000/78 -incorporada al sistema legal español mediante la Ley 62/2003- considera al empleo un elemento “esencial” para la participación plena de los ciudadanos en la vida económica, cultural y social. Asimismo, subraya que la ocupación facilita el desarrollo personal, por lo que insta a prevenir situaciones de discriminación porque “conlleva que la sociedad no aproveche al máximo el capital social y humano, los conocimientos, experiencias y habilidades de todos sus miembros”, añaden desde CEAR.
En la misma línea, la Directiva 2000/43 insta a los Estados miembros a designar uno o más organismos responsables de la promoción de la igualdad de trato, a la vez que presta asistencia a quienes tramitan reclamaciones por cuestiones de discriminación. Sin embargo, recuerda CEAR, “España a día de hoy, aún no ha creado este organismo especializado de lucha contra el racismo”.
