Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un 9% de la población española, algo más de 3,5 millones de personas, padece alguna discapacidad. De ellas, un 58% son mujeres que, en los últimos años, han conseguido aumentar su presencia en organizaciones de discapacitados e instituciones públicas. Las comisiones y áreas de la mujer son cada vez más frecuentes en estos espacios. Se plantean como un intento de buscar soluciones a la vulnerabilidad que las ha mantenido invisibles durante mucho tiempo.
En 1997, el Manifiesto de las mujeres con discapacidad de Europa reclamaba para ellas «la posibilidad de vivir de manera autónoma, lejos de instituciones, proporcionándoles servicios de asistencia personal adaptados a sus necesidades». Pedía que se les ofreciera una vida normalizada, como la del resto de las personas. Reivindicaba, en resumen, igualdad. Sin embargo, más de diez años después, siguen insatisfechas varias de las reclamaciones.
Por un lado, diversas organizaciones de personas con discapacidad han puesto en marcha programas para evidenciar la vulnerabilidad que rodea, especialmente, a las mujeres. A su vez, el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el II Plan de Acción para las Personas con Discapacidad (2003-2007), mencionaba «por primera vez», recuerda el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la perspectiva de género en los principios rectores del plan. Al referirse al «respeto por la diversidad», reconocía que las mujeres con discapacidad «se enfrentan a múltiples discriminaciones», por esta razón y animaba a combatirlas a través de acciones positivas.
«La falta de servicios, acceso a la comunidad e igualdad de oportunidades a la hora de participar, hace la vida de una persona de menor calidad»
Estas medidas de acción positiva engloban, según el citado Plan, actuaciones concretas y específicas, decisiones que repercutan directamente en la mejora de la calidad de vida de las mujeres discapacitadas y cuyo objetivo sea «compensar a las personas consideradas desfavorecidas». Ellas han de contar. La igualdad de género debe incorporarse en todos los ámbitos de la vida, «a todos los niveles y en todas las etapas».
En la misma línea, el I Plan Integral de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2005-2008, aprobado por el Comité Ejecutivo del CERMI en mayo de 2005, se planteó como respuesta a la necesidad «acuciante» de adoptar este tipo de medidas de acción positiva. Pero fue más allá: reclamó también atención para las niñas con discapacidad. «La falta de servicios, acceso a la comunidad e igualdad de oportunidades a la hora de participar, hace la vida de una persona de menor calidad», argumenta el texto.
Reconocidas por la sociedad
El reconocimiento por parte de la sociedad es imprescindible. Por ello, las mujeres con discapacidad han intentado ganar espacios en los últimos años. Y lo han conseguido. Han instalado altavoces en el CERMI, donde la Comisión de la Mujer llegó, incluso, a participar en la fase final de los trabajos preparatorios de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. «Su labor fue crucial para conseguir que la Unión Europea aceptase la inclusión de un artículo consagrado a la cuestión de género, así como la incorporación de otras menciones específicas de género en otras partes del articulado», recuerda la organización.
Este éxito dotó de valor a las comisiones de mujeres creadas en los comités regionales del CERMI y animó, recientemente, al nacimiento de una Red Nacional de Mujeres Expertas en Género y Discapacidad. Su finalidad es compartir información para trabajar en equipo. La Red sólo opera en Internet y está abierta también a mujeres sin discapacidad, «pero con experiencia profesional en estos ámbitos». Para participar, hay que ponerse en contacto a través de la dirección mujer@cermi.es.
Otra organización que también cuenta con departamentos dedicados a la mujer es la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus oficinas regionales. Precisamente, en Castilla La Mancha, el área de la mujer desarrolla un programa para favorecer la participación en igualdad en el medio rural. Uno de los objetivos es formar y dotar a las mujeres de las herramientas necesarias «para llevar una vida plena y con autonomía personal».
Del mismo modo, la Comisión de Mujer de la Confederación Nacional de Personas Sordas (CNSE), creada en 1994, pretende promover la igualdad, sobre todo, en puestos de responsabilidad o de decisión. «A las mujeres sordas -afirma- se les ha ido relegando y ocultando de la vida social y política». En este contexto, cuenta con el I Plan de Acción para la Igualdad de Género en el Movimiento Asociativo de la CNSE 2006-2009, planificado como un instrumento integrador para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos «que incidan tanto en el movimiento asociativo como en la comunidad sorda».
Más tímida es la creación de asociaciones de mujeres con discapacidad. La Fundación Genus o la Red de mujeres con discapacidad son algunos ejemplos. En el caso de la Red, se persigue fomentar la participación y coordinación de mujeres, instituciones públicas y privadas, para dar respuesta a las demandas de las mujeres con discapacidad y fomentar el propio movimiento asociativo. A su entender, ellas son discriminadas durante la niñez en el ámbito familiar y cuando son adultas en sus posibilidades de acceso al empleo. Por ello, pretende ser un grupo de ayuda mutua virtual, reivindicar y defender los derechos de las mujeres con discapacidad, servir de espacio de encuentro libre, ser un punto de transferencia de experiencias y conocimientos e impulsar la participación de los profesionales implicados.
