Los mapas de riesgos medioambientales determinan el grado de exposición de las personas, actividades económicas e infraestructuras de un territorio a determinados peligros naturales, como pueden ser inundaciones, deslizamientos, sequías, temporales, sismicidad, vulcanismo, etc. Para un consumidor, estos mapas pueden resultar muy útiles, ya que antes de comprar o alquilar una vivienda, una oficina, un terreno, etc., permiten conocer el riesgo de la zona. Al tratarse de cartografías oficiales, estos mapas de riesgo están, o así debería ser, a disposición del público. Asimismo, los ciudadanos pueden reclamar en caso de un desastre si no se han tenido en cuenta estos mapas.
A partir de la nueva Ley del Suelo estatal de 2008, o la normativa que en cada caso haya en las comunidades autónomas, los mapas de riesgos medioambientales deben consultarse siempre que vayan a desarrollarse nuevos proyectos urbanísticos en un territorio, ya sea una comunidad autónoma, una comarca o un municipio.
Se puede reclamar ante una situación de desastre si no se han tenido en cuenta estos mapasEn concreto, el artículo 15 de la Ley estatal del Suelo señala que las nuevas actuaciones urbanísticas deben acompañarse de un informe de sostenibilidad ambiental en el que debe incluirse, entre otros aspectos, un mapa de riegos naturales del área objeto de actuación. Por ello, la legislación obliga a elaborar mapas para todos y cada uno de los riesgos naturales que puedan afectar a dicho territorio. En caso de detectarse sectores de alto riesgo, se tiene que declarar suelo no urbanizable, o en todo caso rural, como indica la nueva clasificación del suelo.
Jorge Olcina, climatólogo de la Universidad de Alicante (UA) y experto en desastres naturales, asegura que los mapas de riesgo son «un paso importantísimo para la prevención de desastres en España». En cuanto a su fiabilidad, explica que, a priori, son elaborados por la Administración, o bien por empresas privadas a solicitud de la Administración, que tiene que dar el visto bueno final, por lo que hay que presuponer que están bien realizados, y cuando menos, alejados de posibles intereses de terceros.
A la hora de preparar estos mapas, sus responsables utilizan dos métodos, los matemáticoestadísticos y los cualitativos (análisis de documentación histórica, entrevistas, trabajo de campo) porque la localización exacta de las líneas que separan las diferentes zonas de riesgo tiene implicaciones jurídicas en la determinación posterior de los usos del suelo.
Además de su utilidad, los mapas de riesgo pueden convertirse en una interesante opción de «empleo verde«, ya que la obligación que impone la nueva ley conlleva la elaboración de más mapas. Por tanto, se necesitarán más profesionales para llevarlos a cabo, siendo especialmente idóneos los licenciados en Geografía y Ciencias Ambientales.
Mapas de riesgo en España
Los mapas de riesgo no han sido de obligada realización y consulta hasta la llegada de la nueva Ley del Suelo de 2008. La anterior ley, de 1998, fue modificada a raíz del desastre del camping de Biescas, en 1996. Sin embargo, aunque se incluyó en su artículo 9 la obligación de clasificar como suelo «no urbanizable» el terreno que tuviese «riesgo natural acreditado», no se dijo cómo se debía acreditar dicho riesgo y no se estableció el procedimiento para hacerlo.
La ley obliga a consultar estos mapas, y en caso de detectarse sectores de alto riesgo, se tiene que declarar suelo no urbanizablePor ello, como señala Olcina, en la práctica no se realizaron dichos mapas, la «única manera de acreditar un riesgo». En este sentido, el experto de la UA asegura que si se hubieran elaborado los mapas de riesgo y hecho caso a lo que señalaban se hubiese evitado el desastre de la inundación de Badajoz en 1997 o las más recientes inundaciones de estos últimos años en Galicia, donde no hay este tipo de cartografía.
No obstante, según Olcina, hay algunas comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y de Madrid) que han trabajado la cartografía de riesgo de inundación. Por ello, tienen elaborados mapas oficiales de riesgo de dicha catástrofe natural que ahora ya son de obligada consulta cuando se van a desarrollar nuevos usos y actividades en su territorio.
Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en cumplimiento de la Directiva 60/2007 de gestión de espacios inundables en Europa, está desarrollando el denominado «Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables» que, cuando concluya, dentro de unos años, será la cartografía oficial de riesgo a nivel nacional.
Asimismo, el riesgo de avalanchas está muy bien cartografiado en Cataluña, gracias a los trabajos del Instituto Cartográfico de Cataluña. Para otros riesgos, afirma el experto de la UA, hay aproximaciones parciales, trabajos de investigación que han elaborado mapas, pero no hay una cartografía oficial. «Por lo tanto, en este tema hay mucho por hacer aún en España», recalca.
A la hora de consultar estos mapas de riesgo, los consumidores se pueden acercar a los responsables institucionales de su municipio o de su comunidad autónoma para informarse al respecto. Además, las comunidades autónomas que han desarrollado este tipo de cartografía la han puesto disponible por Internet y los mapas son de acceso libre y gratuito. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha publicado su Plan Patricova, la Comunidad Autónoma Vasca su Plan de los márgenes de los ríos y arroyos del País Vasco, o la Comunidad de Cataluña su plan Inuncat.
En definitiva, no ha sido hasta fechas recientes cuando algunas comunidades autónomas han aprobado planes de reducción de algunos riesgos naturales, esencialmente inundaciones, mediante la ordenación del territorio. Por tanto, como recuerda Jorge Olcina, «hasta ahora no se ha hecho mucho caso de ellos porque no había obligación legal real, pero a partir de ahora sí».
Estados Unidos es el país más avanzado en el campo de la cartografía de riesgos naturales. En concreto, la Agencia Federal de Emergencias tiene mapas que son de obligada consulta para los nuevos proyectos territoriales.
En Europa, Francia es el país que más ha desarrollado estas cuestiones. Desde la aprobación de la ley del medio ambiente de 1995, todos los municipios están obligados a hacer planes de prevención de riesgos naturales que incluyen cartografía detallada. Según Olcina, España ha seguido el ejemplo francés con la aprobación de la nueva Ley del Suelo de 2008. Además de Francia, también hay buenos ejemplos de cartografía de riesgos en Gran Bretaña y en Alemania.
