Asumir el coste mensual de una residencia para mayores no está al alcance de cualquiera. Para gran parte de los ancianos es inasequible. Ya sean públicas, privadas o concertadas, las plazas de estos centros son caras. Para poder acceder a ellas, muchos mayores dependen no sólo de sus pensiones, sino de la colaboración de sus familiares o de la venta de sus propiedades. Son uno de los gastos fijos más altos. Sin embargo, el pago de una residencia no desgrava impuestos.
En 2007, el precio medio de una residencia geriátrica privada era de 1.550 euros al mes. En la actualidad, la cifra ya ronda 1.710 euros mensuales. Los centros públicos, si bien son algo más baratos, no escapan a la tendencia alcista: en apenas cuatro años, sus tarifas han subido más de un 20% y han pasado de 950 a 1.170 euros de media. Sin embargo, el monto de las mensualidades, el esfuerzo para reunir el dinero y la periodicidad de los pagos no se reflejan al presentar la Declaración de la Renta. Tampoco cuenta el hecho de que, en una residencia de ancianos, además de los servicios médicos, alimentarios y de acompañamiento, se abona el alojamiento permanente, algo que en la práctica equivaldría a la vivienda habitual. Las autoridades fiscales, sin embargo, no lo ven de esa manera. Los funcionarios de Hacienda aseveran que las personas mayores que viven en residencias geriátricas no pueden desgravar la cantidad que pagan por esas plazas. Ni siquiera la parte que corresponde al alquiler de la habitación.
La desgravación por alquiler está vinculada a un contrato de arrendamiento sobre la vivienda habitual del contribuyente
La pregunta es por qué, si en otros casos se pueden deducir los impuestos de los alquileres, ya sea de habitaciones o de pisos. La explicación estriba en que mientras la deducción está definida por el concepto de «alquiler de vivienda habitual», las personas que habitan en una residencia geriátrica pagan una cantidad por la «prestación de un servicio». Aunque ese servicio abarque también el alojamiento, no encaja en la definición de la deducción.
La desgravación por alquiler -regulada en la normativa del IRPF- está vinculada a un contrato de arrendamiento sobre la vivienda habitual del contribuyente. Los servicios de atención geriátrica en una residencia de ancianos, en cambio, ni incluyen ni se parecen a un contrato de arrendamiento urbano, puesto que se enmarcan en el área asistencial y de la sanidad, en lugar de constituir una actividad económica relacionada con el sector inmobiliario. De este modo, aunque funcionen como la vivienda habitual de muchas personas mayores y a pesar de que las cuotas engloben los costes del alojamiento, quienes las abonan no pueden solicitar una deducción impositiva.
Precios desorbitados
Los precios fluctúan según las comunidades autónomas y los tipos de servicios que requiere el residente. No es lo mismo un adulto dependiente, con problemas de salud, que otro que no necesite atención sanitaria continua. Tampoco cuesta lo mismo la elección de una habitación individual, que decantarse por una compartida. En cambio, no varía tanto la carestía de las residencias, ya sea en números absolutos como en cifras relativas. Las mensualidades exigidas (a menudo, asumidas por los hijos) superan con creces el salario mínimo interprofesional (SMI), que este año se ha fijado en 633,30 euros, y exceden a los montos de las pensiones mínimas de jubilación y de viudedad, entre 444,90 y 725,20 euros al mes, según la situación familiar y la edad del beneficiario.
Es habitual pagar las mensualidades entre el anciano y sus hijos, o entre varios hermanos
Para comprender de un modo cabal la dificultad que supone asumir esta carga económica, basta colocar las cifras en un contexto general. Según los últimos datos del INE, casi la mitad de los trabajadores cobra menos de dos SMI mensuales (1.266 euros) y siete de cada diez tiene unos ingresos por debajo de tres SMI al mes (2.119 euros). Para la mayoría de las personas, la cuota de una residencia de ancianos equivale a todo su sueldo, lo supera en varios cientos de euros o, en el mejor de los casos, insume una gran parte del salario. De ahí que se tienda a buscar soluciones intermedias.
Pagar una parte de la mensualidad con la pensión de jubilación del beneficiario y completar el resto con el sueldo de algún miembro de su familia, compartir los gastos entre varios hermanos (si los hay) o vender algún bien material -como el inmueble donde vivía la persona mayor- para afrontar las cuotas de una residencia son algunas de las soluciones más utilizadas. El esfuerzo económico es importante y, para muchos ancianos y sus familias, representa el principal gasto fijo mensual. Cualquier residencia, hasta la más barata, es más cara que una cuota hipotecaria media.
