Acceder a una plataforma social como Facebook, disponer de una cuenta de correo electrónico en Gmail o subir fotografías a Flickr tienen algo en común: son actos realizados en plataformas y servicios on line creados por empresas que operan fuera de las fronteras españolas. Por tanto, para hacer cualquier tipo de reclamación, es necesario someterse a sus condiciones de uso y, en un primer momento, ponerse en contacto con sus diversos servicios de atención al cliente para intentar resolver la incidencia. Si la reclamación no prosperase y el asunto requiriera una vía judicial, el proceso seguiría la legislación del país de origen del servicio y en Estados Unidos, incluso del estado en cuestión.
Imagen: English106
Los problemas con este tipo de servicios siempre surgen cuando se hace necesaria una reclamación ante algún organismo público o bien hay que entrar en un litigio judicial, ya que en caso de denuncia, ésta solo puede realizarse en el lugar aceptado en las condiciones de uso al darse el usuario de alta en el servicio. Páginas como Facebooko Twitter se rigen por las leyes del estado de California (Estados Unidos) y, por lo tanto, en caso de disputa se deberá presentar una denuncia en la jurisdicción correspondiente.
Con filiales en Europa
Sin embargo, en algunos casos hay empresas de Internet que cuentan con filiales en Europa, como puede ser Irlanda, país que con ventajas fiscales propicia que muchas empresas norteamericanas de alcance global se sitúen allí para operar en países europeos. O bien directamente en España, como es el caso de Google, que tiene una sede en Madrid. Ahora bien, si se quiere reclamar ante un servicio o empresa que cuenta con una filial como Youtube, propiedad de Google, es necesario disponer de asesoría jurídica y empresarial para saber dónde dirigir la denuncia.
Páginas como Facebook o Twitter se rigen por las leyes del estado de California, en Estados Unidos
Como ejemplo de estas situaciones, hace tres años, la cadena televisiva Tele5 demandó a Youtube. La denuncia se interpuso contra Google España, pero hubo de notificarse en el estado norteamericano de Illinois, donde Youtube dispone de su sede central, para que pudiera prosperar. La denuncia se dirimió después en el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid yse sentenció a favor de Youtube.
También puede suceder el caso contrario. Es decir, al estar estas empresas en territorio norteamericano y someterse a la legislación del estado desde donde operen, deben revelar ante las autoridades locales los datos personales de sus usuarios, aunque estos no sean ciudadanos de Estados Unidos. El pasado mes de diciembre, un juzgado norteamericano ordenó investigar a usuarios de la red social Twitter que habían entrado en contacto con Wikileaks.
¿Soberanía USA sobre los datos de Facebook?
Al estar estas empresas en territorio norteamericano y someterse a la legislación del estado desde donde operen, deben revelar ante las autoridades locales los datos personales de sus usuarios
Muchos de estos usuarios investigados son ciudadanos europeos, lo que ha abierto una polémica sobre sus derechos frente a empresas multinacionales de la Red que operan globalmente, ya que al aceptar las condiciones de uso, no solo se acepta someterse a la jurisdicción de donde está situada la empresa, sino que se asume que los datos personales se transfieran y procesen en ese país. En el caso de empresas como Facebook o Twitter, al estar situadas sus sedes en Estados Unidos y los datos de los usuarios albergados en servidores norteamericanos, el Gobierno de este país, en caso de creer que se vulnera la seguridad nacional, tiene la potestad para requerir su entrega.
El pasado mes de enero se presentó un manifiesto sobre derechos en Internet que se postula a favor de que los datos privados de los ciudadanos españoles se almacenen en servidores nacionales y no se transfieran al extranjero. De esta forma, se consideran los datos privados de los usuarios españoles como parte de la «soberanía nacional» y, en consecuencia, se pide que se custodien dentro de las fronteras del país.
En el caso de querer realizar una compra electrónica en el extranjero, los ulteriores litigios también se deberán dirimir en el país desde donde opera el comercio on line. Si ese comercio estuviera en un país de la Unión Europea, los derechos de los usuarios estarán garantizados a raíz de la Directiva Europea sobre Comercio Electrónico, que establece una serie de derechos y garantías para los usuarios europeos. La gran mayoría de países de la Unión Europea cuenta con esta directiva aprobada en sus propias legislaciones nacionales.
La Agencia Europea de Protección de Datos trabaja en un marco único europeo que permita armonizar las distintas legislaciones nacionales sobre la materia
Además, a causa de los constantes cambios en la política de privacidad de algunas de estas plataformas, la Agencia Española de Protección de Datos, junto con las autoridades europeas en esta materia, trabaja para fijar un marco legal europeo que permita armonizar las normativas nacionales y mejorar la cooperación de cara a posibles litigios y reclamaciones.
En un posible caso de fraude o estafa con claro indicio de delito, los ciudadanos pueden interponer la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional o la Guardia Civil para su tramitación. El Cuerpo Nacional de Policía dispone de una oficina virtual donde interponer una demanda on line, aunque después hay que acudir a la comisaría más cercana en el plazo de 72 horas para acreditarla y firmarla.
