Separados que vuelven al hogar de los padres, divorciados cuyos sueldos son tan bajos que solo pueden alojarse en un camping o casas divididas en dos para acoger a la pareja que antes formaba el matrimonio. La situación personal de quienes han puesto fin a su relación conyugal es muy variada, pero en la mayoría de los casos genera una dificultad para recuperar la vida habitual, tanto en lo sentimental como en cuestión de vivienda. Algunas administraciones públicas conceden ayudas para el alquiler o la compra de un nuevo piso, pero en muchas ocasiones no alcanzan a la mayoría de las personas que las necesitan.
Nuevos gastos
Antes del divorcio, casi todos los gastos eran compartidos: se pagaba una hipoteca o un alquiler por la vivienda, la factura del gas, de la luz, de la comunidad de vecinos, el crédito del coche, las actividades a las que se apuntaban los niños. Pero tras la separación, todo se complica y los gastos se desdoblan.
Por regla general, tras el fin de la convivencia, uno de los excónyuges permanece en la residencia familiar, sobre todo si hay niños, y el otro -ya sea por decisión judicial o por mutuo acuerdo-, además de abonar la manutención de los pequeños, tiene que comprar o alquilar otra vivienda.
Algunas autonomías dan prioridad a los separados en el acceso a subvenciones para el alquiler
También es frecuente que la persona que abandona la casa se vea obligada a pagar aún una parte de la hipoteca del piso en el que ya no vive, así que no es extraño que tenga que compartir casa o pasar una temporada con sus progenitores. Pero cuando esto ocurre, su situación es muy complicada porque en la nueva vivienda -ya sea alquilada, comprada o compartida- debe tener una habitación adicional donde se alojen los niños durante los días en que tenga su custodia.
A pesar de la frecuencia con la que esto ocurre (y la precaria situación económica por la que pasan quienes han de dejar su casa y encontrar otra con sus ingresos muy mermados), las administraciones públicas no terminan de dar respuesta a las necesidades residenciales de estas personas. Si bien algunas comunidades autónomas y municipios han establecido ayudas para el acceso a la vivienda de las personas separadas, casi nunca alcanzan la cuantía que se precisa en estos casos y tampoco se hace con la celeridad que se requiere.
Hay empresas que ayudan a los divorciados a comprar una vivienda a un precio más asequible
Ha sido sobre todo la presión de las asociaciones de divorciados la que ha impulsado su equiparación a los jóvenes, las familias numerosas o las monoparentales. Así pueden contar con subvenciones para la compra de vivienda o para el alquiler en circunstancias similares a las de estas personas. Pero, aparte del cupo de pisos protegidos que se les reserva, no hay ayudas públicas específicas para quienes han puesto fin a su matrimonio.
Ayudas al alquiler
Algunas comunidades autónomas, como Asturias, dan a los separados y a los divorciados preferencia para obtener ayudas destinadas al alquiler de una vivienda, junto con otras personas como los mayores de 65 años, las víctimas de violencia de género o del terrorismo, las familias numerosas o monoparentales y las personas dependientes.
Como requisito específico para los separados, se fija que estén al corriente del pago de las pensiones alimenticias y compensatorias, si están obligados a hacerlas efectivas. Al presentar la documentación, es imprescindible acompañar el auto o la sentencia que acredite su estado civil.
Asturias, País Vasco y Madrid tienen programas de ayudas para vivienda
En este tipo de ayudas, es necesario tener un contrato de arrendamiento de vivienda -que debe ser la habitual del solicitante- y unos ingresos familiares que no superen en 2,5 veces el IPREM, en el caso del Principado, aunque varía en función de la comunidad donde se entregue la subvención.
La cuantía máxima de la ayuda es del 40% de la renta anual que tengan que pagar, con un tope de 3.200 euros por vivienda. Se incrementa un 20% cuando los ingresos anuales no excedan de 1,5 veces el IPREM y un 10% para separados y divorciados. La duración de la subvención es de 24 meses.
Es una ayuda incompatible con otros programas que faciliten el acceso a la vivienda en régimen de compra o alquiler, como puede ser la Renta Básica de Emancipación.
Viviendas de protección oficial
El País Vasco ha sido una de las comunidades pioneras en dar prioridad a los separados al acceder a una vivienda social. Estas personas se equiparan con otras que necesitan especial protección, como las víctimas de violencia de género, los mayores de 70 años o las personas con discapacidad.
El Instituto de la Vivienda de Madrid también ha creado un cupo específico en los sorteos de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler -muchas de ellas con opción a compra- para separados y divorciados en distintas localidades de la región.
Por lo general, tienen al menos dos habitaciones para que en una de ellas puedan alojar a sus hijos. Los precios que pagan oscilan entre 250 y 400 euros en función de la zona y del tamaño del piso que ocupen los beneficiarios, algo que facilita bastante el acceso a la vivienda de las personas separadas.
Más allá de las subvenciones públicas, hay empresas que facilitan la compra de un nuevo piso a las personas divorciadas. El grupo Ternum, a través de la web separadosincasa.com, ayuda a adquirir una nueva vivienda a quienes tengan problemas económicos tras una ruptura matrimonial.
Hay empresas privadas que facilitan la compra de un nuevo piso a los divorciados
En el portal de la empresa se puede buscar un piso en cualquier provincia con unos precios más bajos que los abonados por las personas que no están separadas. Además de estos descuentos, que según señalan desde la web llegan al 40%, dan la opción de no pagar nada durante el primer año. De esta forma, los divorciados reciben un pequeño apoyo económico en el momento en que más lo necesiten.
