El análisis de las minutas que notarios y registradores cobran a sus clientes para realizar cancelaciones hipotecarias demuestra que en más del 90% de las operaciones, los profesionales cobran de más. Desde el inicio de la crisis, los consumidores se han visto favorecidos por cambios en la legislación que abaratan este tipo de trámites. Sin embargo, los honorarios pueden exceder en la práctica hasta en 200 euros las tarifas legales.
Cobros abusivos
El mercado hipotecario ha sido uno de los más prósperos en España en los últimos 20 años. Pero, desde el inicio de la crisis, ha sido la variable de ajuste más delicada y desequilibrante de las economías domésticas.
Protagonista del alto nivel de endeudamiento general de los españoles, la deuda hipotecaria demanda trámites que van desde la subrogación hasta la renegociación de cuotas e intereses, novaciones y cancelaciones cuyos gastos y suerte pueden definir en muchos casos la supervivencia de la economía hogareña.
Un análisis de las facturas demuestra que en el 92% de los casos se dan prácticas abusivas
Por ello, con el estallido de la crisis, se ha modificado la Ley de Regulación del mercado hipotecario con el fin de preservar a los consumidores de prácticas abusivas.
Las innovaciones en esta materia han buscado dar más transparencia a la contratación de créditos y préstamos hipotecarios, un mayor conocimiento por parte de los usuarios en lo relativo al riesgo y a las operaciones, y menores costes en las operaciones. Entre estas últimas, se encuentra el abaratamiento de los honorarios de notarios y registradores para la cancelación de los créditos.
A pesar de ello, estudios recientes demuestran que en este apartado, los profesionales aún cobran según la vieja usanza. Un análisis de las facturas cobradas a los consumidores ha demostrado que en el 92% de los casos se dan prácticas abusivas.
La cancelación requiere de un trámite sin el cual el inmueble sigue asentado como una propiedad hipotecada
Si se extrapolan los excesos en los cobros a las más de 370.000 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010, notarios y registradores podrían haber cobrado hasta 93 millones de euros de más solo en un año. Los casos ya se han denunciado en el Ministerio de Justicia, en la Dirección General de los Registros y del Notariado y en la Fiscalía para que se requiera la revisión de oficio de todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007.
Las medidas presentadas en la justicia pretenden lograr la devolución de las cantidades cobradas a los clientes de manera indebida. El fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios ya ha abierto diligencias informativas para esclarecer la cuestión.
Cuánto se debe pagar
Aunque la totalidad del crédito hipotecario se haya pagado, la cancelación pública de la hipoteca requiere de un trámite aparte sin el cual el inmueble queda aún asentado como una propiedad hipotecada en el Registro de la Propiedad. Es decir, incluso el inmueble pagado por completo figura con una carga si la cancelación no se realiza.
Desde la citada reforma de la Ley de Regulación del mercado hipotecario, el notario debe cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada. Al sumar los demás conceptos del trámite, una escritura de 10 páginas no debería costar más de 70 euros. No obstante, según señalan los consumidores, el importe medio de las facturas incorrectas analizadas es de 260 euros.
El notario debe cobrar una cuantía fija de 30,05 euros, sea cual sea el importe de la hipoteca cancelada
El registrador, por su parte, debe aplicar el arancel al capital pendiente de devolver (que en el caso de una cancelación es igual a cero). El resultado de este trámite es de 2,40 euros que, añadidos a los restantes conceptos, puede dar una cifra máxima de 24 euros. En cambio, el análisis de los casos mencionados aporta como resultado que por este concepto los profesionales cobran alrededor de 144 euros.
