El Gobierno ha suspendido las primas para las nuevas instalaciones renovables, unas ayudas que permitían a sus productores vender su energía a precios más competitivos. Los responsables del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) sostienen que la medida es positiva para los consumidores y no impedirá cumplir el compromiso con la Unión Europea de desarrollar estos sistemas. Desde el sector de las energías renovables creen sin embargo que afectará de forma negativa a los consumidores, la economía, el empleo y el medio ambiente.
Por qué se suspenden las primas a las energías renovables
El Real Decreto Ley 1/2012 suspende «de forma temporal» las primas de nuevas instalaciones de régimen especial, la mayoría energías renovables. Estas primas suponen en la práctica una ayuda económica, proveniente de la factura eléctrica pagada por los consumidores, para vender la energía producida de forma más competitiva. Su objetivo es apoyar el desarrollo de las renovables por sus ventajas para el medio ambiente y la economía del país.
Sin embargo, el Gobierno ha aprobado esta ley por dos motivos principales: la crisis económica (incluido el descenso del consumo eléctrico), y la necesidad de contener el déficit de tarifa (abajo se explica qué es), «que amenaza la sostenibilidad del sistema eléctrico».
Cómo afecta la suspensión de las primas
El déficit de tarifa podría superar los 28.500 millones de eurosA los consumidores: según Emilio Jarillo, responsable de comunicación del MINETUR, la motivación última de esta moratoria es la defensa de los consumidores. «Su principal objetivo es que deje de aumentar el déficit tarifario, en cuyo crecimiento tienen que ver, en un porcentaje muy alto, las primas a las renovables, que las pagamos entre todos los consumidores.» Además, desde el Ministerio insisten en que no se pone en riesgo el suministro eléctrico.
Desde el sector de las renovables consideran que esta medida frena su avance y por ello perjudica a los consumidores. Sergio de Otto, patrono de la Fundación Renovables, considera una «falacia» achacar a las renovables la subida de la factura eléctrica, porque no tiene en cuenta sus efectos positivos o su retorno socioeconómico. Para ello se basa en dos aspectos: por un lado, un estudio de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), que señala que entre 2005 y 2010 las renovables supusieron un ahorro neto al sistema de 9.173 millones de euros. Por otro lado, el Plan de Energías Renovables (PER) del Gobierno, de cuyos datos deduce que a medio y largo plazo el petróleo, gas y carbón costarán al consumidor español diez veces más que las renovables. Según De Otto, la medida contribuirá a aumentar el consumo de estos combustibles fósiles, producirá más contaminación y un mayor gasto para el país y los consumidores.
A la economía y al empleo: las empresas aseguran que en la práctica destruirá puestos de trabajo y frenará a un sector cada vez más importante para la economía española, muy dependiente de la energía del exterior. Desde la Fundación Renovables recuerdan que el sector da trabajo a 180.000 personas y prevé generar 300.000 puestos hasta 2020, según el PER. Ahora bien, la medida no afecta a todas las energías por igual. Según datos de las empresas, se han quedado fuera 4.500 megavatios (MW) eólicos y 550 MW fotovoltaicos. Las tecnologías menos maduras, como la geotérmica, la eólica marina, del oleaje o la maremotriz, son las más afectadas. Por su parte, el PER señala unos 13.000 MW previstos para instalar entre 2015 y 2020 que quedan ahora también sin una retribución clara, a expensas de que dicha medida temporal se anule.
Emilio Jarillo subraya que la Ley deja de aprobar nuevas instalaciones sin tocar las anteriores, y por ello «es difícil que cierren empresas que todavía no han nacido». En cuanto a la industria de componentes, Jarillo recuerda que «el Gobierno habló de su confianza en el autoconsumo, un nicho de mercado con muy buenas expectativas que se les va a abrir al sector de fabricación de equipos.» Asimismo, la Ley incluye excepciones a las renovables «eficientes», como las plantas de cogeneración, biomasa o biocarburantes, que mediante nuevos reglamentos podrían recibir unas primas específicas.
Al compromiso con Europa: los responsables de las empresas aseguran que dificultará que España logre que el 20% de la energía final provenga de renovables, un objetivo marcado por la Unión Europea para 2020. Según datos de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), el objetivo para 2010 del 12,1% no se alcanzó, al quedarse en el 11,3%.
Por su parte, según datos del MINETUR, un 93% de la potencia instalada fue de origen renovable en 2011 y estas instalaciones cubrieron un 33% de la demanda eléctrica, «lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido». Su responsable de comunicación asegura que «vamos muy adelantados sobre los objetivos previstos, tenemos margen suficiente para llegar a 2020 con los deberes cumplidos».
Qué es el déficit de tarifa y cómo combatirlo
El Gobierno es el encargado de aprobar las tarifas eléctricas en cada periodo marcado (anual hasta 2007, trimestral desde entonces). En 2000, sus responsables aprobaban unas tarifas que no incluían todos los costes que las compañías eléctricas aseguraban tener. Se creaba así el déficit de tarifa, una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas eléctricas. Su objetivo: mantener bajos los precios de la electricidad y evitar efectos negativos en la inflación, la competitividad, así como desgaste político.
Los sucesivos gobiernos han mantenido esta decisión y el déficit de tarifa ha aumentado. El precio del petróleo ha pasado de los 30 euros (barril Brent) en 2000 a los 80 euros actuales.
La cantidad de este déficit tarifario no está muy clara. Según el ministro del MINETUR, José Manuel Soria, se han acumulado 24.000 millones de euros. Según sus palabras, «si no hacemos nada, crecerá a un ritmo de entre 3.000 y 4.000 millones anuales». Por su parte, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) lo calcula en más de 28.500 millones. La cifra se acerca a los dividendos que Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa han repartido desde 2005 entre sus accionistas: 28.123 millones.
La patronal eléctrica, Unesa, considera que la ley va «en buen sentido» para resolver este déficit. Tomás Díaz, portavoz de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), recuerda que legalmente la solución debería darse en 2013. Díaz cree que las primas a las renovables «se han terminado para siempre» y recuerda estimaciones que señalan que el recibo de la luz deberá subir un 40%.
Desde Greenpeace proponen varias medidas, como dejar de subvencionar al carbón y las centrales térmicas insulares, eliminar los «grandes ingresos injustificados» que cobran las centrales nucleares e hidráulicas, o reducir con medidas de eficiencia la quema de combustibles fósiles por cuyas emisiones se pagan derechos de emisión.
En opinión de Emilio Jarillo, la nueva ley va a lograr que el déficit de tarifa no sume más, pero, por si sola, no logrará su desaparición. Su solución, «como ha dicho de forma repetida el ministro, ha de venir del esfuerzo de todos, administración, compañías y consumidores.»
