La muerte del perro, al que se quiere como a un miembro más de la familia y con el que se ha convivido muchos años, no es fácil de asumir. Pero además, la investigación por negligencia veterinaria alarga el duelo, ya el dueño no puede enterrar o incinerar a su amigo de forma inmediata. En cualquier caso, se conceden indemnizaciones por el daño veterinario sufrido.
Los dueños de un perro que fallece por negligencia veterinaria sufren durante más tiempo
El proceso de investigación por una supuesta negligencia veterinaria es largo y, para los dueños, implica prolongar el duelo necesario para superar la muerte de su perro. La experiencia que viven los dueños de un can víctima de una presunta negligencia veterinaria es muy similar a la que sufren los familiares de una persona que inician una investigación por una negligencia médica.
«Los vínculos que se establecen entre una persona y su perro son muy estrechos y la muerte del animal es complicada de superar para sus dueños, más cuando se trata de una pérdida por una supuesta negligencia», explica Begoña Gállego, psicóloga clínica.
La investigación por negligencia alarga el duelo
En primer lugar, uno de los trámites necesarios para investigar una supuesta mala praxis veterinaria es llevar a cabo una necropsia, que sirva para determinar las causas que han desencadenado la muerte del perro. Esto implica no poder recuperar el cuerpo del perro tras su fallecimiento, para poder enterrarlo.
La psicóloga explica que «el hecho de enterrar al perro equivale a elaborar la pérdida». Por ello, con el proceso de investigación por negligencia se alarga el duelo, porque hay que posponer el entierro. Así lo asegura también Eduardo Birenbaum, gerente del cementerio de animales madrileño El último parque. «Aceptar la muerte del perro es más doloroso cuando hay un caso de negligencia veterinaria porque las heridas se mantienen abiertas», señala Birenbaum.
Indemnizaciones por el daño veterinario sufrido
Los veterinarios tienen suscritas pólizas de responsabilidad civil para cubrir posibles demandas. «Una vez que queda demostrada la mala praxis, se cubre la indemnización con la cantidad estipulada en la póliza del veterinario«, explica María Esther Blanco, delegada de una aseguradora, quien afirma que cerca del 1% de las reclamaciones que reciben en su empresa se deben a mala praxis de médicos caninos.
Arancha Sanz, responsable del gabinete jurídico de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, asegura que «las personas que atraviesan por este tipo de situaciones quieren justicia y no dinero». También que nadie tenga que pasar por el dolor que ellos han experimentado con su perro.
La investigación por una supuesta negligencia veterinaria puede alargarse durante meses
El proceso para esclarecer la muerte de un perro por supuesta negligencia veterinaria puede durar meses. «Son procesos largos y los dueños de los animales lo viven con mucho dolor, porque, entre otras cosas, se sienten culpables por haber acudido al veterinario donde tuvieron el problema», añade Sanz.
Es difícil superar la muerte de un compañero y amigo tan especial como es el perro, sean cuales sean las circunstancias en las que se fallece. Pero el duelo y el dolor se dilatan cuando se mezclan con una presunta negligencia veterinaria.
La mayor parte de los veterinarios tienen un gran interés en que su profesión se practique de una manera adecuada y sin mala praxis, por el bien de su colectivo. De hecho, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid cuenta con un comité deontológico, que se encarga de investigar los casos de presuntas negligencias veterinarias.
Este comité atendió durante 2011 un total de 112 reclamaciones de clientes, de distintas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid. Durante el mismo año, el colegio abrió diez expedientes sancionadores, de los cuales dos están pendientes de actuaciones judiciales, por indicio de actuación delictiva.
Las sanciones que se derivan del incumplimiento de este código deontológico de la profesión veterinaria son:
El apercibimiento al colegiado, de forma que se recoja en su expediente y pueda actuar como agravante en posteriores actuaciones incorrectas.
La posible suspensión del ejercicio profesional durante el plazo de un año
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