La ley obliga desde 2007 a que las viviendas nuevas lleven una etiqueta, similar a la de los electrodomésticos, que informa de su consumo energético. En breve, este certificado se aplicará también a los pisos usados. Los propietarios deberán certificar sus inmuebles para ofrecer a compradores y arrendatarios esta información. Los beneficios ambientales, sociales y económicos justifican la medida, aplicada desde hace años en otros países de la Unión Europea. Este artículo explica en qué consiste la etiqueta energética para viviendas usadas, cómo afecta a los consumidores y sus ventajas y desafíos.
Etiqueta energética para viviendas usadas: en qué consiste
El certificado de eficiencia energética se utiliza en diversos bienes, desde electrodomésticos a neumáticos. Gracias a una ecoetiqueta ordenada por letras y colores, el consumidor conoce el mayor o menor consumo de energía del producto. A mayor consumo energético, mayor gasto económico y mayor impacto en el medio ambiente.
La cantidad de viviendas que deberán certificarse se estima en medio millón anualLos edificios nuevos y los objeto de una gran rehabilitación están desde 2007 obligados a pasar una certificación energética y ofrecer el resultado en una de dichas etiquetas. A partir del 1 de enero, las viviendas usadas deberían haberse incorporado a este sistema, pero todavía no se ha hecho efectivo. José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), recuerda que los plazos marcados por la Directiva europea 31/2010 y por la Ley 2/2011 de Economía Sostenible se han superado. Según el portal inmobiliario Idealista, el Consejo de Ministros podría aprobarlo este mes de marzo o en abril.
Los profesionales que realizan el certificado analizan diversos parámetros sobre el estado de la envolvente térmica del edificio (fachadas, cubierta, ventanas, etc.) y de sus instalaciones. Con esta información elaboran la etiqueta energética, que clasifica la vivienda entre la A, las viviendas más eficientes y con menores emisiones de dióxido de carbono equivalentes (CO2eq), y la G, las menos eficientes y con mayores emisiones.
Al realizar una compraventa, el vendedor deberá proporcionar al comprador dicho certificado. En caso de un arrendamiento, la etiqueta energética tendrá que constar en todo anuncio inmobiliario, y el arrendador deberá ofrecer una copia al arrendatario. El incumplimiento de alguna de estas obligaciones supondrá una sanción administrativa, al cometerse una infracción en materia de protección al consumidor (Ley General de defensa de los consumidores y usuarios, RDL 1/2007, de 16 de noviembre).
La información oficial está disponible en la página web del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). Es el organismo designado, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), para el desarrollo normativo.
Cómo afecta a los consumidores
La realización del certificado energético será obligatorio para todas las compraventas de particulares, inmobiliarias o bancos (públicos o privados), además de los arrendamientos o alquileres, a partir de su entrada en vigor. No obstante, cualquier propietario puede solicitarlo de forma voluntaria. El etiquetado energético afectará a los consumidores de la siguiente manera:
- Para los vendedores y arrendadores: supondrá un coste, aunque según José Luis López, la información obtenida será una buena recompensa. Los edificios con las mejores clasificaciones serán más competitivos en el mercado frente a otros similares peor calificados. Los inmuebles con mala calificación energética tendrán información suficiente para que los propietarios puedan mejorarla. Según datos del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener), el 80% de los hogares españoles necesita rehabilitación energética para mejorar sus sistemas de calefacción y aislamiento.
- Para los consumidores que quieran comprar o alquilar una vivienda: servirá para darles más poder de decisión y para fomentar una oferta de pisos más eficientes. El ahorro económico y la calidad de vida y la salud aumentarán.
La cantidad de viviendas que deberán certificarse se estima en medio millón anual: según datos oficiales del Ministerio de Fomento, se producen más de 430.000 transacciones inmobiliarias anuales de media.
Respecto al alquiler, no hay estadísticas estatales, pero se estima que se firman unos 40.000 contratos anuales. No obstante, el número de certificados emitidos al año será menor, matiza el experto de la ACA, porque «el certificado energético tiene una validez de diez años y durante ese tiempo una misma propiedad o edificio es probable que sufra varios contratos de arrendamiento y compraventas».
Ventajas y desafíos del certificado de eficiencia energética
El certificado y la etiqueta energética tienen varias ventajas, según José Luis López:
- Ambientales: conllevará la mejora de la eficiencia energética de las viviendas y la reducción de la contaminación y de las emisiones implicadas en el cambio climático. La Unión Europea (UE) estima que la edificación supone el 40% del consumo energético de sus Estados miembros.
- Sociales: los consumidores conocerán la «hipoteca energética» del piso, el peso que tendrán las facturas energéticas en sus gastos. La pobreza energética de los españoles se reducirá y aumentará su calidad de vida.
- Económicas: la generación de certificados y las consecuentes rehabilitaciones producirá negocio y puestos de trabajo, muy necesarios en el sector inmobiliario. Según un estudio de la ACA de 2012, la rehabilitación energética de edificios puede generar hasta 17 empleos directos por cada millón de euros invertido.
La etiqueta también deberá enfrentarse a varios desafíos. El mayor de ellos, según José Luis López, que se convierta en una prioridad real para apostar por la rehabilitación energética de edificios. Los precedentes no parecen muy halagüeños. A pesar de haberse aprobado en 2007, la normativa para los edificios nuevos (RD 47/2007, de 19 de enero) no funciona como debiera. El experto de la ACA explica que su aplicación, dependiente de las comunidades autónomas, no ha sido desarrollado todavía en algunas de ellas, y ni siquiera hay el registro oportuno en la mayor parte de las mismas.
La situación es muy distinta en otros países de la UE. Tanto Reino Unido, Alemania y Holanda, los primeros en asumir la norma europea, como otros que lo hicieron más tarde, como Francia, Bélgica, Italia o Portugal, la han aplicado de forma eficaz. En Portugal se habrían emitido unos 365.000 certificados de edificios nuevos y existentes desde octubre de 2007 hasta finales de 2010. En Francia, la regulación es tan estricta que incluso concreta el espacio que debe ocupar la etiqueta energética en los anuncios.
Los consumidores son, una vez más, esenciales para que se generalice de forma adecuada. Al concienciarse de las ventajas de esta certificación, y no asumirlo como una obligación burocrática más, pueden exigirlo de forma convencida.
