De nuevo es 3 de diciembre. De nuevo es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y de nuevo se reivindican derechos, se piden soluciones y, sobre todo, se hace balance. Empleo, educación, accesibilidad, ocio y cooperación internacional son ámbitos que preocupan. En todos ellos se han registrado avances, pero se pide hacer más. La crisis ha empeorado la situación de las personas con discapacidad y de las asociaciones que las atienden. En este artículo se explica cómo.
Derechos de las personas con discapacidad
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad busca sensibilizar y generar conciencia; fomentar el apoyo a quienes, una vez más, reclaman el cumplimiento de sus derechos, una sociedad inclusiva y, sobre todo, igualitaria. Es un clamor que pide que todas las personas, sin excepción, tengan las mismas oportunidades. Porque en la actualidad no es así. Según datos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en España hay más de 3,8 millones de personas con discapacidad y más de 700.000 asociaciones que luchan por sus derechos, algunos vulnerados en ámbitos vitales como la educación o el empleo. Por ello reclaman cambios:
Empleo con apoyo. El paro entre las personas con discapacidad se ha disparado. En los últimos cinco años, el número de desempleados con discapacidad se ha incrementado un 100% y el 60% de estos son parados de larga duración. El trabajo con apoyo facilita que las personas con discapacidad accedan al mercado laboral, por lo que se reclama su fomento. La Asociación Española de Empleo con Apoyo (AESE) señala a este como un sistema de inserción laboral que no solo ayuda a obtener un trabajo, sino a mantenerlo, gracias a la ayuda de un preparador laboral que permanece junto al empleado y la empresa.
Educación inclusiva. En todo el mundo, la discapacidad afecta a 93 millones de niños y supone un impedimento para acceder a la educación. El 90% no asiste a la escuela y quienes sí lo hacen «tienen menos posibilidades de finalizar sus estudios que el resto de sus compañeros». FEAPS y Entreculturas lo advierten con motivo de esta jornada, en la que se presenta la Campaña Mundial por la Educación. Impulsada en todo el mundo, este año se centra en la educación inclusiva con el lema «Sumemos capacidades. Por el derecho a una educación inclusiva».
Con este fin, reivindica el derecho de los pequeños con necesidades educativas especiales, para que reciban «una educación de calidad, sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades». Excluirles del aula marca el principio de una vida abocada a la exclusión social, alertan. Así se pretende que cada niño y niña del mundo alcance un nivel aceptable de conocimientos «basado en sus propias características, intereses y capacidades».
Accesibilidad universal. La accesibilidad universal se extiende a entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos. El Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat) asegura que así se consigue que sean «comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible». Para que esta accesibilidad sea cada vez más común, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha firmado un convenio de colaboración con AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación). Juntos llevarán a cabo acciones para difundir las normas técnicas en materia de accesibilidad universal, conferencias divulgativas y programas de formación, entre otros, además de colaborar en la edición de publicaciones.
Ocio inclusivo. En el marco de la accesibilidad, el ocio juega un papel importante. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) abandera un proyecto para mejorar la accesibilidad de las personas sordas y con problemas de audición en recintos culturales y de ocio, a través del uso de bucles magnéticos. Estos se conectan a los audífonos e implantes para mejorar la comunicación donde hay ruido ambiente u otras circunstancias que dificultan el acceso a la información. El ocio inclusivo ocupa también lugar en los programas de FEAPS como medio para fomentar el desarrollo personal y las relaciones con los demás.
Cooperación internacional. Las personas con discapacidad en el mundo no siempre llevan una vida normalizada. Se ocultan, carecen de atención médica y educativa e, incluso en ocasiones, se rechazan. COCEMFE respalda la campaña «Yo soy: la discapacidad en primera persona», «un proyecto cuyo objetivo es la promoción de los derechos de las personas con discapacidad de América Latina y el Caribe entre los actores de la cooperación internacional«. Así defiende un enfoque basado en los derechos humanos, que respete a todas las personas y apueste por la mejora de su calidad de vida.
Efectos de la crisis en las personas con discapacidad
En buena parte, la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad se debe a la situación de crisis, que fomenta la exclusión social. En este contexto, el año pasado surgió la estrategia SOS Discapacidad ante «la inquietante situación por la que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias, agravada por la crisis y las decisiones políticas, en todos los ámbitos y planos, de regresión de derechos y de debilitamiento del precario nivel de cohesión y protección sociales alcanzado por España». La campaña permanece abierta desde 2012 y, en esta jornada, se retoma para insistir en la necesidad de mejoras.
Puesta en marcha por el CERMI estatal, se mantiene activa también a través de los Cermis autonómicos. Así desde Valencia se insiste en la «precaria situación» de las asociaciones dedicadas a las personas con discapacidad, debido a un recorte de entre un 10% y una 15% en las ayudas al sector, aseguran. La queja es extensible al resto de comités, afectados también por el descenso de las subvenciones.
FEAPS quiere poner en valor la aportación de las personas con discapacidad en tiempo de crisis y, para ello, ha lanzado una campaña que les muestra como «superhéroes» con «superpoderes», capaces de «derrumbar los prejuicios, mostrarse como una persona más, reivindicar su plena ciudadanía» y, en definitiva, participar en la sociedad como el resto de las personas. «Son seres especiales», remarca.
La crisis mantiene, y en ocasiones favorece, situaciones de discriminación que se muestran con más crudeza en este momento y que vulneran, incluso, derechos fundamentales «como el del sufragio, la información, la participación social, el libre disfrute del ocio o el acceso a servicios básicos en igualdad de condiciones». Por todo esto, en su campaña, FEAPS presenta a las personas con discapacidad intelectual como superpersonas «que invitan a las demás a serlo también».
La pasada semana, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Legislativo por el que se da luz verde al texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Esta norma supone un avance, ya que en ella convergen otras tres que implicaban algunas lagunas y discordancias: la Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido (LISMI), la Ley 51/2033 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) y la Ley 49/2007, que regula el régimen de infracciones y sanciones de la LIONDAU.
FEAPS lamenta que que no se haya contemplado la aplicación supletoria del régimen de infracciones y sanciones en las comunidades autónomas y apoya la opinión del CERMI, que asegura que “deja sin efecto este sistema de protección cuando la infracción se comete a escala autonómica”, donde se registran la mayoría de las discriminaciones por razón de discapacidad. Respecto a sus avances, destaca los siguientes:
- La introducción del concepto de discriminación por asociación o el acoso por razón de discapacidad, no contemplados hasta ahora.
- El respeto a la autonomía de la voluntad de la persona con discapacidad, esto es, su derecho a tomar decisiones a través de información adaptada a sus características personales.
- Obligación de las administraciones educativas de regular un sistema de apoyos y ajustes razonables para la inclusión educativa, junto con otras medidas de garantía adicionales.
