Los conflictos ambientales aumentan en todo el mundo y afectan en especial a los más desfavorecidos. Así lo advierte un grupo internacional de investigadores y activistas ecologistas, que han elaborado un “Atlas Global de Justicia Ambiental” con casi un millar de casos. Este artículo explica cómo es este mapamundi de los conflictos ecológicos, detallado en el caso de España, y destaca que la concienciación y movilización sociales son claves.
El mapamundi de los conflictos ecológicos
El Atlas Global de Justicia Ambiental ofrece información geoposicionada interactiva de casi un millar de conflictos ecológicos en todo el planeta. Sus impulsores son el proyecto europeo «Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio» (EJOLT), en el que han colaborado activistas ecologistas e investigadores científicos, coordinados por un equipo del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
«El mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos ambientales», señala un experto«El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos aumentan en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta», según el catedrático de la UAB Joan Martínez Alier, director del proyecto EJOLT. Los conflictos ecológicos dejan en evidencia los graves desequilibrios sociales. Martínez Alier asegura que afecta a todo tipo de países y colectivos, si bien el mayor impacto recae en personas pobres, a menudo indígenas, y sin capacidad de acceso a la justicia ambiental y a los sistemas de salud.
«El mapa muestra tendencias preocupantes, como la impunidad de las compañías que cometen delitos ambientales o la persecución de los defensores ambientales», añade Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del Atlas. Por ello, el objetivo del trabajo es ampliar cada vez más los casos reportados, de manera que en 2015 se alcancen los 2.000.
India es el país con más casos denunciados, con 112 de los 921 recopilados hasta el momento. En el top 5 de los países con mayores conflictos ecológicos se sitúa también Colombia, con 72 casos, Brasil (58), al igual que Nigeria, y Ecuador (48).
El mayor número de conflictos ecológicos se presentan por el uso de la tierra (224), el agua (154), la electricidad (131), el petróleo (114) y el oro (97). Nigerian National Petroleum Corporation, Royal Dutch Shell, Shell Petroleum Development Company, Nigeria Agip Oil Company y Vale se encuentran entre las cinco empresas con más denuncias recopiladas.
La página web del Atlas está configurada para buscar y filtrar entre cien campos y visualizar los conflictos por actividad, empresa o país. De un vistazo se pueden ver con puntos de colores los conflictos categorizados (nucleares, residuos tóxicos, minería, combustibles fósiles, biodiversidad, infraestructuras, agua, etc). Al pinchar sobre los puntos, se obtiene información sobre los actores implicados, la descripción de conflicto concreto, las fuentes de información y los resultados de las acciones.
El proyecto EJOLT ha recibido una financiación europea de 3,8 millones de euros y engloba a 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países. Para realizar el Atlas, este consorcio internacional ha contado además con una red de colaboradores externos que trabajan de manera conjunta desde hace más de tres años.
Conflictos ecológicos en España
Los responsables del Atlas contabilizan hasta la fecha 35 casos de conflictos ambientales en España. Los casos más destacados se refieren a megaproyectos de infraestructuras como el aeropuerto de Ciudad Real, el impacto del turismo, los proyectos relacionados con la energía, como la línea eléctrica de alta tensión en Girona o el «fracking» en Cantabria y País Vasco, la construcción de Eurovegas, las incineradoras o la protección del lobo ibérico.
Los factores que desencadenan los conflictos ambientales en España se relacionan en su mayoría con el desarrollo de una empresa comercial, tanto pública como privada, o la ejecución de un plan institucional.
Amaranta Herrero, investigadora del ICTA UAB, explica que el sistema institucional español es «extremadamente lento» en la resolución de los conflictos ecológicos en comparación con otros países europeos. En este sentido, el «factor europeo» ha sido «extremadamente importante» para la resolución de varios casos en España. «Las directivas europeas son mucho más estrictas que la legislación ambiental española, lo que ha permitido a los movimientos ciudadanos recurrir a ellas para presionar al Gobierno», afirma la investigadora. El mapamundi recoge también casos de victorias de justicia ambiental, como el caso de la mina de oro de Corcoesto, en Galicia.
La clave: concienciación y movilización sociales
Este trabajo confirma el informe que hace unos meses presentaba Amnistía Internacional sobre los ataques a activistas ambientales a nivel mundial. Manuel Sobrino, responsable del Área de Trabajo con y por Personas en Riesgo de esta ONG, señalaba que «la situación de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente ha empeorado en los últimos años. Cada vez hay más ambientalistas que sufren hostigamientos».
No obstante, también hay espacio para la esperanza. Leah Temper subraya que también «se ganan juicios legales, se cancelan proyectos y los bienes comunes se retornan a la comunidad. El 17% de los casos analizados se consideran victorias de justicia ambiental». Manuel Sobrino añade que los defensores ambientalistas tienen cada vez más voz y recuerda que hay diferentes instituciones y organizaciones que velan por sus derechos, con el apoyo de ciudadanos de todo el mundo. Por ello, la concienciación y la movilización social son claves. «Solo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento», subraya Temper.
