La violencia contra los menores tiene múltiples caras y puede aparecer en numerosos espacios: en casa, en el colegio, a través de las redes sociales… La ley de protección a la infancia y la adolescencia impulsada por el Gobierno incluye la prevención, la actuación en el nivel educativo, el apoyo familiar, la implicación de los servicios sociales y de la sanidad o la regulación de la publicidad y de las redes sociales para reforzar la seguridad de los niños. En este artículo recogemos algunas de estas medidas, en concreto, las destinadas a evitar situaciones de violencia contra el menor en la escuela, en el hogar o mientras navegan por Internet o se relacionan en las redes sociales.
¿Era necesaria esta ley?
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (en la actualidad, aún Proyecto de Ley) impulsada por el Gobierno pretende «reforzar la protección de los menores y los adolescentes frente a la violencia, aumentar la defensa del menor y hacer que sus intereses prevalezcan», indica María José Olesti, directora general del observatorio The Family Watch (Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia). En su opinión, la conocida como «ley Rhodes» era necesaria, por varias razones:
- Por un lado, el Comité de Derechos del Niño, tras examinar la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, instó a crear una ley similar a la aprobada contra la violencia de género.
- Se orienta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la Agenda 2030: «Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas» (Objetivo 16) y «poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños» (meta 16.2).
- Los cambios producidos en la sociedad española en estos últimos años hacían necesario “introducir nuevos aspectos en esta Ley, que atendieran a las necesidades reales y que se apoyaran en el principio rector del ‘interés superior del menor’”, explica Olesti.
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Protección del menor en casa
La familia es el primer entorno del niño, y donde debe recibir amor, seguridad y las bases para su desarrollo personal. Sin embargo, en muchas ocasiones, es el lugar en el que suceden muchos incidentes de violencia contra el menor. Para reforzar su seguridad en el ámbito familiar, la nueva ley prevé:
- Proporcionar el apoyo público necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo, reforzar factores protectores, así como apoyar la labor educativa de las familias.
- Promover el buen trato, la parentalidad positiva, la adquisición de competencias emocionales, de negociación y resolución de conflictos en base a la situación y necesidades de los progenitores o, en su caso, de las personas tutoras o guardadoras o acogedoras.
- Obligación de denunciar al cónyuge y a los familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo, cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad.
- Será obligatoria la imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato, si el autor y la víctima tenían hijos en común y en caso de que la víctima fuera hijo del autor.
Seguridad del niño en el colegio
Para evitar que se den situaciones de acoso o violencia en el colegio, «un entorno de socialización central en la vida de los niños, niñas y adolescentes» —como señala el Anteproyecto de Ley—, se establecen algunas actuaciones:
- Deber de comunicar cualquier situación de violencia sobre niños, niñas o adolescentes a la autoridad competente aun cuando no sea constitutiva de delito. Este deber de comunicación se configura de una forma más exigente para aquellos colectivos profesionales que tengan un contacto habitual con menores.
- Formación especializada sobre los derechos fundamentales de la infancia a los profesionales que tengan un contacto habitual con personas menores de edad.
- Habrá un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos. Tendrá la obligación de asegurar el adecuado funcionamiento de los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género o de cualquier otra forma de violencia.
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Sin riesgo para el menor en el deporte
Ya sea en el colegio, en un club deportivo o en equipos de competición, muchos menores que practican deporte pueden ser objeto de violencia en este entorno. Para garantizar que se hace con seguridad en todos los aspectos, las entidades deportivas deben, entre otros aspectos:
- Contar con protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo.
- Tener un delegado de protección para informar y apoyar a los niños, y atender al cumplimiento de distintos protocolos.
Máxima seguridad en Internet y las redes sociales
Internet es una de las mayores y más peligrosas fuentes de violencia sobre los menores, por lo que esta ley se preocupa de forma especial por este tema:
- Se regulan las actuaciones públicas dirigidas a garantizar el uso seguro y responsable de Internet por parte de niños y adolescentes, familias, educadores y profesionales que trabajen con personas menores de edad.
- Se crean nuevos tipos delictivos para evitar la impunidad de conductas realizadas a través de medios tecnológicos y de la comunicación, que producen graves riesgos para la vida y la integridad de las personas menores edad, así como una gran alarma social, como las que promuevan el suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios entre personas menores de edad.
A pesar de los avances del proyecto, existen algunas debilidades, entre las que destacan, en opinión de María José Olesti, directora general del observatorio The Family Watch (Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia):
- Falta de asignación presupuestaria para su desarrollo e implementación.
- Escasa protección de los menores extranjeros no acompañados: siguen existiendo barreras que ponen en peligro los derechos de estos niños, y se podría haber incidido más en su protección.
- Falta de un Pacto de Estado: desde The Family Watch solicitan desde hace tiempo “un Pacto de Estado por las Familias y la Infancia”, que dote de mayor seguridad a las familias y, por consiguiente, a los niños y adolescentes.
- Estudios de impacto en los menores: los expertos del observatorio señalan la necesidad de “realizar estudios de impacto en los menores antes de realizar una modificación en las leyes que les afecten”, especialmente en situaciones como la actual.
