La proliferación durante los últimos tres años de empresas de intermediación inmobiliaria, que no siempre respetan los derechos tanto de los compradores como de los vendedores, ha puesto en alerta a las asociaciones de consumidores. En el año 2000 se liberalizó el sector, y desde entonces cualquier persona puede abrir una empresa inmobiliaria sin necesidad de ser agente titulado. De hecho, la mayor parte de los abusos los sufren clientes de estos nuevos operadores, según las organizaciones de usuarios. En algunas capitales españolas se han dado casos de agencias que hacen pagar a quienes buscan piso unos 300 euros para facilitarles una lista con las viviendas disponibles, afirman desde la Unión de Consumidores de España (UCE). Otro abuso detectado es pedir al vendedor que diga cuánto quiere cobrar para después ofrecer la vivienda a los compradores a un precio muy superior y quedarse así con la diferencia.
Otra irregularidad, que en este caso afecta tanto a compradores como a vendedores, se refiere a las comisiones que cobran las inmobiliarias por prestar el servicio. Lo normal es que la pague el comprador, salvo acuerdo entre las partes por el que se pueden repartir el coste. «En este punto, los abusos son también cada vez mayores porque se cobran comisiones de hasta el 8%, cuando lo normal es el 3 o el 4%», apunta Javier Rubio, secretario general de UCE-Extremadura.
Y es que las quejas se han multiplicado desde que el Real Decreto-Ley 4/2000 de 23 de junio introdujo la liberalización del sector en España. Rubio asegura que muchas de las nuevas empresas que se crean «se valen de todo tipo de triquiñuelas para hacer firmar documentos con cláusulas abusivas en los que, por ejemplo, no se especifica la comisión que se va a cobrar, o si se especifica se hace en una cláusula tan farragosa que resulta difícil de entender».
Recomendaciones
La «regla de oro» para no ser víctima de abusos por parte de empresas inmobiliarias sin escrúpulos, según recomiendan las asociaciones de consumidores, es leerse detenidamente los contratos y no firmar ningún documento en el que se hayan dejado espacios en blanco. De lo contrario, se corre el riesgo de que nos cobren comisiones desproporcionadas, o de firmar un contrato que nos ate indefinidamente a la empresa, en el caso de los vendedores.
En lo que respecta a los compradores que busquen vivienda, deben tener en cuenta que no se les puede obligar a firmar nada antes de haberse decidido totalmente a comprar el piso. Además, las empresas deben facilitar de manera clara a sus clientes toda la información correspondiente a duración de los contratos, tarifa que cobrarán, etcétera. Una vez que se pacte la compraventa, todo lo referente a impuestos, escrituras y préstamos también debe ser remitido a las partes.
El objetivo es que no quede ningún resquicio por el que se pueda cobrar al cliente más dinero del establecido por cada empresa para la prestación de sus servicios como mediador inmobiliario.
