Los responsables de Fórum Filatélico y Afinsa parecen abocados a sentarse en el banquillo de los acusados por una posible estafa de 6.203 millones de euros a unos 460.000 inversores. El último golpe lo han recibido los tres principales directivos de la segunda.
La jueza Purificación Pujol ha ordenado el embargo preventivo de los bienes de Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa y propietario del 50% de las acciones; Vicente Martín Peña, consejero delegado, y Carlos de Figueiredo, consejero y ejecutivo de Escala Group, filial de la sociedad en Estados Unidos. Entre los tres deberían cubrir la suma de 1.823 millones de euros, es decir, el agujero financiero que, según los administradores actuales, dejaron en la compañía, con unos activos de tan sólo 613 millones, que ni de lejos cubren unas deudas cuantificadas en 2.436 millones.
Según la magistrada, los tres ejecutivos citados son «culpables» de la «insolvencia» de la empresa, que «presumiblemente» acabará con su liquidación por una situación de quiebra técnica «irrecuperable», hasta el punto de que estima que «no resulta posible plantearse, siquiera hipotéticamente», que sea viable.
Purificación Pujol insiste en que los ex administradores de Afinsa son «culpables por incurrir en irregularidades contables y descapitalización», además de «agravar» el mal estado económico de la sociedad o, al menos, hacer dejación de sus funciones al no solicitar el pertinente concurso de acreedores.
La Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) ve «positivo» el embargo. «Todo aquello que sea tomar medidas para que los afectados de Afinsa puedan cobrar al final un porcentaje más alto sobre el dinero que tenían invertido es positivo», afirmó.
