El supuesto fraude de la operadora turística Mundo Mágico Tours ha llevado a la Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) a denunciar la proliferación de bandas de fraude al consumo en Cataluña, especialmente en Barcelona más que en ningún otro lugar del territorio español.
Sergi Martínez, delegado de Ausbanc en esta comunidad, afirma que esta situación se debe a que la defensa de los consumidores es la última de las prioridades de la Generalitat. «Es inadecuado que la Dirección General de Consumo dependa de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, porque no se puede defender a la vez al consumidor y a la industria», señala Martínez.
En este sentido, el delegado de Ausbanc critica igualmente al Ayuntamiento de Barcelona: «En esta materia copia el organigrama de la Administración autonómica».
Martínez apunta que en las tarjetas oficiales de los máximos responsables la palabra «consumo» ni siquiera aparece. «Si has de incluir industria, comercio, turismo y no sé cuantas cosas más, el consumo queda desplazado y por eso reivindicamos un cambio», explica.
Lo que propone Ausbanc es que la defensa de los consumidores se integre en otro departamento, concretamente en el de Sanidad. Según Martínez, «esto no sucede en otras comunidades autónomas y los problemas que tienen no son tan graves. Las redes de fraude al consumidor operan aquí porque tienen más facilidad y eso se ha de acabar».
Desde la Dirección General de Consumo de la Generalitat de Cataluña, sin embargo, negaron esta supuesta «dejadez» en la defensa de los consumidores. En su opinión, esta comunidad es un referente para el resto de España en materia de consumo.
Asimismo, apuntaron que el hecho de incluir el consumo en la Consejería de Industria, Turismo y Comercio «es un acierto, ya que así se pone en contacto a los diferentes operadores económicos».
Con relación al caso Mundo Mágico, que afecta a 500 familias catalanas, la Dirección General explicó que en el mes de febrero recibieron nueve denuncias contra esta empresa, que fueron remitidas a la Junta de Andalucía, puesto que la sede de aquella está en Málaga; y añadió que la Fiscalía de esta comunidad ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Gobierno andaluz.
