¿Qué cambios introduce la Ley General de Telecomunicaciones?
La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (LGTel) traspone el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, aprobado en 2018, introduciendo cambios significativos en la regulación de este sector. Entre las modificaciones más notables, destaca la inclusión del acceso a Internet como un servicio universal.
La ley garantiza un servicio de acceso adecuado a la Red a través de una conexión fija, junto con los servicios de comunicación de voz proporcionados mediante dicha conexión. Además, se establece una velocidad mínima de acceso a Internet de 10 Mbps —con la posibilidad de aumentarla a 30 Mbps mediante un real decreto— y el objetivo de llevar la velocidad mínima de acceso a Internet a 100 Mbps fuera del servicio universal, con el propósito de fomentar la cohesión social y territorial mediante el despliegue de redes de alta capacidad.
Por otro lado, la nueva ley amplía las obligaciones de asequibilidad del servicio universal a todos los operadores que presten servicios de acceso a Internet y de comunicaciones por voz. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) supervisará la evolución y el nivel de tarificación al público. Para ello, tendrá en cuenta los niveles nacionales de precios al consumo y rentas. Además, tiene la autoridad para solicitar la modificación o eliminación de opciones o paquetes de tarifas ofertados por los operadores a los consumidores con bajos ingresos o necesidades sociales especiales.
Bono social para telefonía e Internet: ya puede solicitarse
Por ley, casi todas las compañías están obligadas a ofrecer el bono social, ya que la norma se aplica a las que prestan servicios de comunicaciones de voz e Internet de banda ancha a través de conexiones en una ubicación fija.
Los destinatarios de este bono social son aquellos consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales. Los requisitos concretos para entrar en esas categorías se establecerán con un real decreto, tras consultar con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Las tarifas sociales que ofrecen las operadoras deberán incluir bonos para servicios de comunicaciones de voz, para servicios de acceso a internet de banda ancha o una tarifa que incluya ambos servicios. A la espera de la publicación del real decreto, algunas operadoras ya han empezado a configurar sus ofertas destinados a estos colectivos:
- MásMóvil. Ofrece su tarifa social en colaboración con la Asociación Innicia. Para acceder, hay que contactar con esta asociación y no superar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas en más del 50 % —si bien este umbral se amplía si hay menores en el hogar— y estar en búsqueda de empleo o ser familias en situación de vulnerabilidad.
- Movistar. Su tarifa social está exclusivamente destinada a pensionistas y jubilados con un cierto nivel de renta.
- Orange. Se dirige a los titulares del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de cada comunidad autónoma.
- Vodafone. La destina a jubilados o pensionistas mayores de 65 años con bajos ingresos en la unidad familiar (no deben superar el 120 % del IPREM), jóvenes menores de 30 años en búsqueda de empleo y titulares del Ingreso Mínimo Vital.
UNICO-Bono Social: todavía hay comunidades que lo tienen activo
El Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con Fondos Europeos-Next Generation EU. Su objetivo es facilitar la universalización del acceso a la banda ancha ultra rápida y la extensión de 5G.
La primera convocatoria de este Programa UNICO-Banda Ancha se resolvió en 2021 y otorgó ayudas por un valor de 250 millones de euros, la mayor asignación en la historia de los programas de banda ancha. Los proyectos beneficiarios llevarán la banda ancha a más de un millón de hogares y empresas en 4.500 municipios.
Dentro de este programa figura el UNICO-Bono Social, un bono digital que pretende ayudar a las personas o familias identificadas como vulnerables a contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija del hogar, proporcionando una velocidad mínima de 30 Mbps. Este bono social tiene una cuantía máxima de 240 euros al año, a repartir en 12 mensualidades, lo que equivale a un descuento de 20 euros en la factura mensual del operador de telecomunicaciones que se tenga contratado durante el año.
➡️ Requisitos y comunidades autónomas
Las comunidades autónomas son las responsables de gestionar estas ayudas y de establecer los criterios de elegibilidad para recibir la subvención. En la mayoría de los casos, uno de los criterios es ser beneficiario del Ingreso Mínimo Vital. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el solicitante también puede presentar su Pensión No Contributiva (PNC) o la Renta Mínima de Inserción como requisitos adicionales. Otras comunidades piden contar con el bono social eléctrico y térmico.
En este programa pueden participar los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan servicios en algunas o todas las comunidades y ciudades autónomas. En algunas de ellas, el plazo de solicitud ya ha concluido. En otras, como Cataluña, Ceuta y Melilla, aún no lo tienen convocado. Estas son las comunidades que lo pusieron en marcha:
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Baleares
- Canarias
- Cantabria
- Castilla-La Mancha
- Castilla y León
- Comunidad Valenciana
- Extremadura
- Galicia
- La Rioja
- Madrid
- Murcia
- Navarra
- País Vasco
