La Comisión Europea (CE) ha impuesto una multa de 315,2 millones a las multinacionales Unilever y Procter and Gamble por pactar los precios y repartirse el mercado de los detergentes en polvo para lavadora en ocho países de la Unión Europea (UE), entre ellos España. La compañía alemana Henkel no deberá afrontar la sanción, al ser la primera que delató en Bruselas a este cártel, que duró tres años. Las tres empresas citadas son las principales productoras de detergente en polvo en Europa.
Procter and Gamble deberá pagar 211,2 millones de euros, mientras que la multa para Unilever asciende a 104 millones de euros. Las sanciones impuestas a las dos compañías incluyen un descuento del 10% por haber reconocido los hechos y haber contribuido a una conclusión rápida de la investigación. También se han aplicado otras reducciones por colaboración con las pesquisas.
«Al reconocer su participación en el cártel, las compañías han permitido a la CE cerrar rápidamente su investigación y se han beneficiado de una reducción de la multa», afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Joaquín Almunia. «De todas formas, no deben hacerse ilusiones sobre la determinación de la CE de luchar de forma enérgica contra los cárteles que imponen a los consumidores precios más elevados de los que pagarían en el contexto de una competencia sana y leal», precisó.
El Ejecutivo comunitario dispone de pruebas que demuestran que el cártel existió al menos entre el 7 de enero de 2002 y el 8 de marzo de 2005. El acuerdo ilegal comenzó cuando las empresas pusieron en marcha una iniciativa, coordinada por la organización profesional que las representa, para mejorar los resultados ecológicos de los detergentes. «Este objetivo medioambiental no les obligaba a coordinar los precios o a recurrir a otras prácticas contrarias a la competencia», destacaron desde Bruselas.
Además de España, el acuerdo ilegal cubría Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Países Bajos. El importe de la multa se ha calculado en función de las ventas de las empresas en los ocho países afectados, la «extrema gravedad» de la infracción y la gran cuota de mercado acumulada de las partes.
