Cómo saber si un contrato tiene cláusulas abusivas: mira estos ejemplos para detectarlas y reclamar

📌 Ya estamos en WhatsApp y Telegram. ¡Entra y síguenos!

La ley considera estas cláusulas nulas, lo que significa que no tienen validez legal. Esto no supone en todos los casos la anulación del contrato, aunque su contenido puede verse alterado de manera significativa al eliminar o modificar estas cláusulas abusivas. En la Unión Europea, la Directiva 93/13/CEE protege a los consumidores y exige que las cláusulas sean justas y equilibradas. En España, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) establece controles y sanciones contra estas cláusulas.

La protección del consumidor es un derecho esencial, pero las cláusulas abusivas pueden socavarlo al imponer condiciones injustas y desproporcionadas en los contratos. Para saber si una cláusula es abusiva, hay que fijarse si se cumple:

• Limitación de derechos. Restringe o elimina derechos que el consumidor debería tener.
• Vinculación a la voluntad del empresario. Otorga al empresario facultades unilaterales de modificación del contrato.
• Desequilibrio. Impone al consumidor responsabilidades o garantías que deberían ser asumidas por la empresa.
• Falta de negociación. La cláusula es impuesta por la empresa sin que el consumidor pueda negociar o modificarla.
• Contraria a la buena fe. Si la cláusula se redacta con mala intención o de forma deshonesta.
• Falta de transparencia. No está redactada de manera clara ni es fácil de entender para un consumidor común.

A continuación, te ofrecemos algunos ejemplos para saber identificarlas.

Estas cláusulas favorecen a las empresas, se crea así un desequilibrio en la relación contractual. De esta manera limitan los derechos de las personas consumidoras y las dejan en una posición vulnerable. Estos son algunos ejemplos:

• Cláusulas suelo. Establecen un tipo de interés mínimo en las hipotecas, sin importar si los tipos oficiales bajan. Esto impide que, si fuera el caso, el consumidor se beneficie de una reducción en el coste del préstamo.
• Exención de entrega de documentación. Al adquirir un bien, la empresa no entrega al cliente una copia del recibo que confirme la compra. Esta falta de documentación complica la posibilidad de realizar reclamaciones, si el producto presenta defectos o se quiere devolver.
• Gastos de formalización de la hipoteca. Cláusulas que establece que una persona consumidora debe hacerse cargo del pago de todos los gastos derivados de un préstamo, incluso aquellos que según la ley debería asumir la entidad bancaria, como el 50 % de los gastos de notaría, la comisión de apertura, el registro, la gestoría y la tasación.

Son disposiciones que otorgan al empresario o proveedor un control sobre los términos del contrato. Esto le permite tomar decisiones unilaterales o modificar aspectos del acuerdo sin el consentimiento del consumidor.

• Facultad de interpretación unilateral. El empresario tiene el derecho exclusivo de interpretar cualquier término ambiguo del contrato. Por ejemplo, si el contrato de un servicio de Internet menciona que la velocidad de conexión será “adecuada”, solo el proveedor puede decidir qué significa adecuada, incluso si el cliente considera que la velocidad ofrecida es insatisfactoria.
• Modificación unilateral. Permite a la empresa cambiar las condiciones del contrato sin contar con la aprobación del consumidor, como cuando una compañía de telefonía móvil aumenta las tarifas sin previo aviso ni consentimiento del cliente.
• Prórroga automática de un contrato. El contrato se renueva automáticamente al final del plazo inicial, a menos que el consumidor realice gestiones para cancelarlo. Esto suele ocurrir con servicios de suscripción, que se siguen cobrando de manera automática si no se cancelan antes de la fecha de vencimiento.

Son términos en un contrato que imponen condiciones injustamente desfavorables para el consumidor, obligándolo a asumir cargas o costos excesivos en comparación con los beneficios que recibe. Estos son algunos ejemplos:

• Penalizaciones por incumplimiento de plazos. Si al cancelar antes de plazo un contrato de telefonía la sanción es mucho mayor de lo que realmente costaría el servicio aún no utilizado.
• Cargos ocultos no estipulados en el contrato. Un contrato de alquiler de un coche puede incluir cláusulas que obligan a la persona consumidora a pagar cargos adicionales por el combustible o daños que no estaban claramente especificados (y cuantificados) en el momento de firmar el contrato.
• Cláusulas de arbitraje impuestas. La empresa impone que cualquier conflicto se resuelva mediante arbitraje, designando ella misma al árbitro. Esta cláusula restringe el derecho del consumidor a optar por otras vías de resolución de disputas y puede inclinar el proceso a favor de la empresa.

Los derechos y las obligaciones de ambas partes en el contrato no están equilibrados de manera justa. Es decir, una de las partes, la empresa o proveedor, tiene más derechos o beneficios que no se corresponden con las obligaciones o protecciones otorgadas al consumidor. Estos son algunos ejemplos:

• Rescisión de un contrato. En un contrato con una empresa de telefonía móvil, puede haber una cláusula que permite a la empresa cancelar el contrato en cualquier momento, pero el cliente no puede hacerlo sin pagar una gran penalización.
• Retención de cantidades pagadas. Si un consumidor reserva un viaje y paga un adelanto, una cláusula abusiva puede estipular que, en caso de cancelar el viaje, se perderá el dinero pagado. Sin embargo, si la agencia de viajes cancela el viaje, no tiene la obligación de devolver el dinero ni ofrecer una compensación.
• Modificación de precio. En un contrato de compra puede haber una cláusula que permite al vendedor aumentar el precio del producto en el momento de la entrega, sin que el comprador tenga la opción de rechazar el incremento.

Desvían hacia el consumidor responsabilidades o riesgos que, por su naturaleza y en condiciones justas, deberían ser asumidos por el proveedor o la empresa. Estos son algunos ejemplos:

• Costos de devolución por productos defectuosos. Un contrato de venta online puede exigir que el cliente pague los gastos de envío para devolver un producto que no funciona correctamente. Esta exigencia vulnera los derechos del consumidor, ya que debe ser el vendedor el que asuma estos costes.
• Riesgo de pérdida en la entrega. Un contrato de envío establece que el cliente debe asumir que un paquete se pierda o dañe durante el transporte, cuando es el proveedor quien ha de asegurar que el envío llegue al cliente en buen estado.
• Contratos de banca electrónica. En los contratos de banca electrónica puede haber una cláusula que indique que el banco no se responsabiliza si alguien entra en la cuenta de un cliente y realiza transacciones fraudulentas. En este caso, el cliente tendrá que cubrir las pérdidas, aunque la entidad debería ser responsable de proteger la cuenta contra estos riesgos.

De manera injusta y desequilibrada, limitan o anulan los derechos del consumidor relacionados con las garantías de un producto o servicio. Están diseñadas para beneficiar al vendedor.

• Plazos y renuncias de reclamación. A veces, los defectos de un producto no se detectan de inmediato. Si un contrato establece plazos muy cortos para reportar problemas, puede ser difícil hacerlo a tiempo. Por ejemplo, si se compra un teléfono móvil y la batería falla al mes de uso, pero el contrato dice que solo se tienen 15 días para reclamar, el consumidor podría perder el derecho a una reparación o cambio si se da cuenta del problema después de ese plazo.
• Exigencia de pruebas difíciles de obtener. El contrato puede exigir al consumidor que presente pruebas complicadas o costosas para demostrar que un producto tiene un defecto. Imaginemos la compra de un televisor de alta gama. Tras unos meses de uso, la imagen se ve borrosa. Al revisar el contrato de garantía, hay una cláusula que dice: «Para hacer valer la garantía, el consumidor deberá presentar un informe técnico elaborado por un servicio técnico autorizado por el fabricante, que certifique la existencia de un defecto de fabricación».
• Reparaciones en lugar de reembolsos. A veces, el contrato obliga al consumidor a aceptar solo reparaciones o cambios en lugar de un reembolso. Es el caso de un electrodoméstico defectuoso que solo se puede reparar o cambiar según el contrato, lo que limita el derecho del consumidor a recuperar su dinero.

Identificar las cláusulas que limiten nuestros derechos o nos impongan obligaciones excesivas. Si tenemos dudas, hay que consultar a la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a una asociación de consumidores o a un abogado especializado en consumo.

Contactar a la empresa por escrito; explicar con claridad cuál es la cláusula que se considera abusiva y solicitar su modificación o eliminación. Guardar una copia de la reclamación, así como facturas, contrato o comunicaciones con la empresa: nos servirán como prueba en caso de que tengamos que iniciar acciones legales.

Esta entidad puede investigar y sancionar a las empresas que usan cláusulas abusivas; pero no puede declarar la cláusula como no válida, algo que solo lo pueden decidir los tribunales.

Si no se llega a un acuerdo, se puede llevar el caso a los tribunales para pedir la anulación de la cláusula abusiva. Si así lo consideran, los magistrados también determinarán si esta nulidad afecta solo a la cláusula o al contrato entero.