El Consejo de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de 47,15 millones de euros a 47 empresas del sector de la construcción por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras. Esta colusión en las licitaciones o «bid rigging» constituye «una de las conductas anticompetitivas más graves. En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes», señala la CNC.
La Dirección de Investigación de Competencia «ha constatado que solo en ocho de las catorce subastas restringidas de rehabilitación de carreteras la conducta ilícita aquí perseguida ha ocasionado un perjuicio al erario público y, en definitiva, a los contribuyentes de más de 14 millones de euros», destacó. Esta práctica supone además una distorsión del funcionamiento de los mercados de la obra pública y puede afectar a los precios de referencia que fijan las administraciones en el resto de licitaciones de este tipo de obras de rehabilitación de carreteras.
Con fecha 18 de febrero de 2010 la Dirección de Investigación de la CNC acordó la apertura de un expediente sancionador contra 53 empresas del sector de la construcción por posibles prácticas restrictivas de la competencia prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios de cara a concursos públicos para la rehabilitación y pavimentación de firmes y carreteras. La incoación de este expediente fue el resultado de una información reservada abierta por la Dirección de Investigación de la CNC tras una denuncia. En el marco de dicha información reservada se realizaron el 15 de octubre de 2009 inspecciones en las sedes de seis de las empresas implicadas.
Modificación de ofertas
Según explica Competencia, las empresas seleccionadas en los procedimientos de licitación convocados por la Administración mantenían contactos y se reunían para intercambiarse información sobre los descuentos que tenían previstos hacer y las ofertas. A partir de ello, acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora así como el del resto de ofertas. Estas bajas (entre 1% y 6%) resultaban mucho menores que las que se observan en condiciones competitivas (entre el 15-30%). De esta forma, la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor a cambio de compensar económicamente al resto de competidores en la licitación.
En total, se han acreditado acuerdos para modificar las ofertas durante los años 2008 y 2009 en catorce licitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas convocados en todo el territorio nacional. Una habría sido convocada por Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística, S.A. (PROVILSA, empresa pública de la Junta de Castilla y León) y las trece restantes por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
Entre las constructuctoras multadas con más de un millón de euros figuran: Eiffage, Álvaro Villaescusa, Arcebansa, Ascan (Sadisa), Asfaltos de León, Asfaltos y Construcciones Elsan, Constructora Hormigones Martínez, Copisa, Ecoasfalt, Extraco, Gevora, Misturas Obras e Proxectos, Obras Caminos y Asfaltos, Pas Infraestructuras y Servicios, Pavasal, Rafael Morales, Sorigué y Tebycón. Por debajo del millón de euros, se encuentran, entre otras, ACS (a través de Vías y Construcciones), OHL, Alario, Asfaltos Guerola, Asfaltos Los Santos, Becsa, Campezo, Ceyd, Compañía General de Hormigones y Asfaltos, Conalvi, Conrado Jiménez e Hijos o Construcción Integral de Firmes.
