Correos se mantendrá como prestador designado único para el servicio postal universal durante los próximos quince años, al garantizarle el Ejecutivo central carga de trabajo y financiación suficientes durante este periodo. La medida está recogida en el anteproyecto de Ley del Servicio Postal Universal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros y en el que se traspone al ordenamiento jurídico español el nuevo marco regulador europeo establecido por la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, en relación con la plena liberalización de los servicios postales. Este nuevo marco estará operativo desde el 1 de enero de 2011.
El Ministerio de Fomento defendió que esta nueva norma «garantizará el correcto funcionamiento del mercado postal, la prestación de un servicio postal universal de calidad, la protección de los derechos de los usuarios y los trabajadores del sector, y culmina el proceso de liberalización plena del mercado único iniciado hace más de diez años».
Según Fomento, la nueva regulación persigue crear un mercado más dinámico, al eliminar las barreras de entrada, con empresas postales más competitivas y más comprometidas con una economía sostenible y socialmente responsable.
El principal cambio de la nueva regulación afecta al llamado Servicio Postal Universal (SPU), que incluye los certificados, las cartas y paquetes de hasta dos kilos y los paquetes postales de hasta 10 kilos, así como las pequeñas cartas interurbanas. Estas últimas conformaban la denominada «área reservada», el último monopolio real de Correos, que ahora desaparece. En su conjunto, el SPU supone el 85% de la facturación de Correos.
La reforma convertirá a la empresa pública en el único prestador designado hasta 2025 para realizar el SPU (el único que tendrá la obligación de hacerlo), aunque también lo podrán prestar los privados por medio de Correos. En estos tres lustros de carga de trabajo garantizada, Correos tendrá el derecho exclusivo a usar el término «España» y la denominación «Correos».
Además, durante esos 15 años, Correos será el único operador facultado para recibir las solicitudes de ciudadanos y empresas a las Administraciones y para distribuir las notificaciones judiciales. El Estado contratará a la empresa pública estatal, y vigilará a través de la futura Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP) que se respete la calidad del empleo. Este organismo, independiente como la CNMV o la CNC, fijará las condiciones de los contratos entre los operadores privados y Correos cuando estos no alcancen un acuerdo. El acceso a la red de Correos (9.900 puntos en toda España) no podrá hacerse nunca por debajo de coste.
Por otro lado, Fomento señaló que los derechos de los usuarios de los servicios postales es el segundo de los elementos esenciales que desarrolla el proyecto de ley. Algunos de estos derechos son nuevos, otros aparecen ahora elevados al rango de ley y todos ellos quedan sistematizados y garantizados por la misma. De esta manera, a los tradicionales derechos al secreto e inviolabilidad de la correspondencia, a la propiedad de los envíos o a la protección de datos, se suman el derecho a la información sobre los servicios postales, el de reclamación y denuncia, el derecho a la identificación del operador y el de protección de los envíos no entregados.
