Más de 15.000 personas podrían haberse visto afectadas por un fraude de multipropiedad destapado por la Policía. En la llamada «Operación Trafalgar» han sido detenidas ocho personas en Málaga responsables de un grupo organizado de fraudes multimillonarios y masivos en la reventa de multipropiedad con el que supuestamente habrían obtenido beneficios de unos 18 millones de euros.
Según la Dirección General de la Policía, esta red operaba desde la Costa del Sol y habría utilizado a 300 empresas y a más de 1.000 personas para cometer sus fraudes. Los arrestados, detenidos en las localidades de Fuengirola, Mijas y Coín, son: Willem Marthinus P., sudafricano de 58 años de edad, artífice fundamental del fraude; Malcom David K., británico de 32 años, encargado de confeccionar la documentación y de conseguir las listas de los miles de propietarios de tiempo compartido; Johannes V., belga de 51 años, encargado de la distribución de la documentación necesaria para articular el fraude; Gunn Iren K., noruega de 48 años; Willy S., británico de 44 años; Steven Stewart R., británico de 53 años; Leon O., sudafricano de 49 años, y Rupert Quentin M., británico de 37 años.
El grupo se trasladó en el año 2000 desde Canarias a la Costa del Sol y sus actividades se dirigían especialmente al mercado anglosajón y centroeuropeo. La trama consistía en empresas legales registradas en España a nombre de los principales implicados. A través de teleoperadoras, estas empresas ofrecían a los propietarios de tiempo compartido vender su semana al tiempo que contactaban con posibles compradores.
Había distintas modalidades de estafa, señala la Policía. Una de ellas era llegar a un acuerdo inicial con los propietarios y luego se les engañaba para que realizaran transferencias económicas a España, para lo que les daban continuas justificaciones de pagos por gastos notariales, de gestión, por impuestos, etc. Los detenidos también vendían el mismo producto vacacional a diferentes personas cuando no disponían de él, o revendían la semana compartida a más de un cliente. Incluso, una vez cometido el fraude, se ofrecían para emprender acciones legales contra las empresas timadoras, volviendo a estafar a las víctimas.
Cambio en la cúpula
Las actuaciones policiales emprendidas en 2001 contra estas empresas llevaron a la red fraudulenta a realizar una serie de cambios en la cúpula directiva. Así, se contrató a terceras personas para que los implicados en la trama dejaran de ser las cabezas visibles del engaño.
Con el paso del tiempo más gente pasó a formar parte del entramado, de manera que se crearon multitud de empresas ficticias, reales o que se hacían pasar por legales de reconocido prestigio en el ámbito del tiempo vacacional compartido.
Se alquilaban locales poco visibles de cara al exterior desde donde las teleoperadoras cometían el fraude. Al cabo de unos meses, los cabecillas de la red dejaban estos establecimientos y alquilaban otros, y así sucesivamente.
Difícil investigación
Este «modus operandi» complicó mucho la investigación policial. Además, cuando las denuncias llegaban a España venían con meses o incluso años de retraso, no siempre con la información documental completa, y con el inconveniente de no poder contactar con los afectados, víctimas extranjeras de un delito transnacional.
La Policía precisa que los ingresos generados por este fraude masivo no se quedaban en España, ya que los principales implicados vivían de una forma relativamente sencilla, por lo que se presupone que los detenidos pueden ser sólo un escalón más en la estructura desmantelada.
