Educación y prevención a edades tempranas, son las recomendaciones que hacen los poderes públicos y los expertos para frenar el auge desmedido del ‘botellón’ y, en general, el abuso etílico por parte de muchos jóvenes españoles. Así concluyó ayer el Congreso ‘Jóvenes, noche y alcohol’. Los congresistas de menor edad alzaron la voz, insatisfechos por el grado de participación que les han concedido y, sobre todo, por el anuncio de una ley restrictiva -dicen- de las libertades cuyos fines no comparten.
Primero fueron unos tímidos silbidos, que arreciaron a medida que el cabeza visible del congreso, Gonzalo Robles, se preparaba a replicar tempranas críticas sobre la falta de atención de los organizadores a las opiniones de invitados más jóvenes. A partir de ahí se empezaron a escuchar gritos de «tongo» y el desconcierto se apoderó del delegado para el Plan Nacional sobre Drogas al ver a dos chicas dirigirse a la tribuna con ánimo de intervenir.
«No representamos a nadie, a ninguna organización, sólo nos hacemos eco del malestar que hay aquí», aseguró Pilar Blanco, representante de una ONG asturiana dedicada al ocio juvenil, cuando Robles les cedió la palabra.
Avaladas por unas 500 firmas recogidas en poco más de una hora entre los 1.500 asistentes, las dos espontáneas dejaron constancia de su rechazo a los términos del debate planteado durante tres días, del que -dijeron- había estado ausente la voz de los principales afectados, los jóvenes. Máxime cuando desde los primeros compases del congreso el Gobierno lanzó el anuncio de una ley para prohibir el consumo de alcohol en las calles sin esperar siquiera a las conclusiones y sin oír antes a los principales sectores implicados.
Excluidos
«Estamos en contra de que se use este debate como plataforma para una ley restrictiva ya anunciada el primer día por el ministro Mariano Rajoy». Una ley -añadieron- de cuya gestación «hemos sido excluidos, por la que no se nos ha consultado ni preguntado aunque tenemos mucho que decir». El manifiesto crítico recordaba a las autoridades que el esfuerzo se debe concentrar en la educación temprana y en alternativas de ocio sano para los menores «y nunca en la represión o el recorte de derechos individuales», apostillaron entre los aplausos del plenario.
A pesar de los términos respetuosos en que se planteó, la protesta deslució el que iba a ser el gran momento de Robles después de un año de preparativos. El delegado rebatió desde el estrado las quejas juveniles, reiteró el ánimo conciliador y dialogante del Gobierno -«para eso precisamente hemos convocado este congreso»- y se comprometió a que todas las políticas «se harán consensuadamente» con autonomías, ayuntamientos y los sectores sociales involucrados.
Fuentes próximas a la Delegación para el Plan Nacional sobre Drogas atribuyeron luego el descontento a la posición crítica del Consejo de la Juventud de España (CJE). Dirigentes de este órgano, principal interlocutor institucional de los jóvenes ante las administraciones, no ocultaban la víspera su decepción por el derrotero que tomaba un congreso abierto con el anticipo de una ley antibotellón.
Contar con las autonomías
Polémicas al margen, el congreso se cerró con la convicción generalizada de que sólo la educación y la prevención tempranas podrán alertar a los adolescentes de los riesgos del alcohol y otras drogas y, a la larga, acabar con el problema del ocio etílico juvenil.
Entre las conclusiones, se aboga por generalizar en todas las autonomías y en todos los centros la enseñanza obligatoria durante los dos primeros ciclos de la ESO de una nueva asignatura, Educación para la salud. Esta materia, que ahora se imparte de forma transversal -sin un temario específico, sino englobada en todas las demás asignaturas- en algunos colegios, debería tomar carta de naturaleza propia e incluir contenidos docentes que preparen a los jóvenes de 12 y 13 años para hacer frente a los consumos tóxicos, iniciarse en los misterios del sexo con garantías y, en suma, aprender valores de convivencia, tolerancia, respeto cívico y solidaridad.
Para este propósito el Gobierno debe contar, necesariamente, con el beneplácito de las autonomías competentes en materia educativa. «No me atrevo a poner plazos» para implantar la nueva asignatura, dijo Robles.
RECOMENDACIONES
Diseño de estrategias para implicar a las familias en los programas de prevención «al constatar que existe una dificultad general para vincularlas y hacerlas partícipes del riesgo ante el consumo de alcohol por los jóvenes».
Programas escolares en la ESO con equipos multidisciplinares (educadores, monitores, psicólogos y pedagogos).
Medidas coercitivas del consumo callejero: cumplimiento estricto de la normativa vigente y futura, elevación a 18 años de la edad de acceso al alcohol con carácter homogéneo en todas las CC AA.
Limitar la publicidad directa e indirecta dirigida a menores y proteger a éstos de la promoción y esponsorización por parte de los fabricantes de alcohol de eventos dirigidos a un público juvenil.
Facilitar opciones de ocio alternativo y también de bebidas más saludables y baratas que el alcohol.
Los grupos afectados «y en especial los jóvenes» deben formar parte en la elaboración de las campañas dirigidas a ellos».
La protección de los derechos de los menores debe primar en todos los contenidos informativos sobre el alcohol y otras drogodependencias.
Implicar a la industria alcoholera y al sector hostelero en las políticas de prevención hacia los jóvenes.
Insistir en las políticas de prevención y campañas contra la conducción bajo los efectos del alcohol.
