La ansiada «hora de verano» comienza en la madrugada del domingo. Los relojes deberán adelantarse una hora (a las 02:00 serán las 03:00) en cumplimiento de la directiva comunitaria que rige el denominado «cambio de hora» y que afecta a todos los países miembros de la Unión Europea (UE).
Este cambio supondrá un significativo ahorro energético, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Este organismo estima que el potencial de ahorro puede llegar a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación, equivalente a unos 300 millones de euros.
De esa cantidad, 90 millones corresponderían al potencial de los hogares españoles, lo que supone un ahorro de seis euros por hogar; mientras que los 210 millones de euros restantes se ahorrarían en los edificios del sector terciario y en la industria.
Comportamiento responsable
Para alcanzar este potencial de ahorro, el IDAE señala que se deberá llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria. Esta entidad recuerda además que el Código Técnico de la Edificación hace ya obligatoria la instalación de fotocélulas o sensores de luz que apagan o regulan la iluminación artificial en función de la luz natural aportada a la zona, a través de ventanas o lucernarios.
Pero independientemente del cambio de hora, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el IDAE recomiendan a los ciudadanos contribuir al ahorro de energía durante todo el año haciendo un uso inteligente de la iluminación. «Seguir determinadas pautas o hábitos puede permitirnos, sin renunciar al confort, ahorrar hasta 100 euros al año, además de evitar emisiones contaminantes a la atmósfera», apuntan.
El cambio de hora comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a partir de 1974, cuando se produjo la primera crisis del petróleo y algunos países decidieron adelantar sus relojes para poder aprovechar mejor la luz del sol y consumir así menos electricidad en iluminación. Se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años.
Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido por entenderse que «el buen funcionamiento de algunos sectores, no sólo el de los transportes y las comunicaciones, sino también otros ramos de la industria, requiere una programación estable a largo plazo».
