El Código Penal se reformará para incluir como delito de lesiones específico la mutilación genital femenina, según anunció ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, quien justificó esta reforma en el hecho de que funcionará como «una respuesta penal tajante a una práctica que no puede excusarse en tradiciones y creencias religiosas por su gravedad y por la denigración que supone para la mujer».
Asimismo, Rajoy dijo que se reformará el Código Civil para que «los cónyuges extranjeros que residen en España, particularmente las mujeres, puedan divorciarse igual que los ciudadanos españoles, sin que se les aplique -como ahora sucede- su ley nacional, que en muchos casos les impide tanto separarse como divorciarse«.
Además del endurecimiento de las penas y de las reformas de los códigos, el Gobierno propone reforzar los controles fronterizos, impulsar los convenios bilaterales de colaboración, así como los multilaterales en la Unión Europea y fijar el tipo básico penal para los culpables de tráfico ilegal de personas con penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
También apuesta por simplificar procedimientos administrativos, eliminar documentación innecesaria, suprimir duplicidades en la tramitación de documentación necesaria para trabajar y residir en España, y que la tarjeta de residencia no sea obligatoria para los que vengan de las naciones del Espacio Económico Europeo.
En lo que se refiere a los flujos migratorios, el Ejecutivo propone abrir la contratación de trabajadores extranjeros cuando el mercado nacional de empleo no pueda atender la demanda, agilizar la tramitación de las ofertas y garantizar el cumplimiento de las condiciones legales del mercado de trabajo. Finalmente, se plantea otorgar permiso de trabajo a los visados para garantizar la llegada legal y permitir su incorporación plena a la Seguridad Social, dedicar especial atención a los menores inmigrantes no acompañados, así como considerar la educación como instrumento básico de integración.