El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió ayer que la reforma laboral favorecerá a ocho millones de trabajadores que ahora están en paro o tienen un contrato temporal, «sin pérdida de derechos para los once millones y medio de trabajadores con un contrato estable». Así lo afirmó durante el debate para la convalidación de real decreto ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, revalidada con 168 votos a favor, 8 en contra y 173 abstenciones.
Durante su intervención, el ministro explicó que el impacto de la crisis económica internacional sobre el empleo ha sido de mayor intensidad en España que en otros países de su entorno socioeconómico, lo que obliga a tomar medidas adicionales, «ahora que hay señales que apuntan una incipiente salida de la crisis». Por ello, apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios al votar la nueva norma, ya que consideró que impulsará la recuperación económica y hará del empleo un «factor más productivo, más equitativo y de más calidad».
Explicó que la reforma persigue reducir la dualidad del mercado de trabajo, con el impulso de la creación de empleo estable y de calidad, a la vez que pretende reforzar los instrumentos de flexibilidad interna en las empresas y mejorar las oportunidades de acceso al empleo de las personas desempleadas, en particular de los jóvenes, y reforzar los mecanismos de intermediación laboral.
No obstante, se reprocha al texto del Ejecutivo que los empresarios pagarán menos por los despidos, cuyo coste se socializa -el Estado asumirá una parte a través del Fogasa-, y que se introduce como causa objetiva de despido el hecho de que la empresa acredite con una «mínima razonabilidad» que atraviesa una «situación económica negativa», sin fijar plazos y sin necesidad de que haya incurrido en pérdidas. También se cuestionó que se combata la temporalidad y que sólo se generaliza el contrato con 33 días de indemnización por despido. Ahora se abre un periodo de negociación, que podría alargarse unos dos meses.
