El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto por el que se modifica la regulación del sistema arbitral de consumo. Se trata de la primera variación que se introduce en este sistema voluntario de resolución extrajudicial de conflictos entre consumidores y empresas desde su creación en 1993. Cada año se presentan en España unas 60.000 solicitudes de arbitraje.
La nueva norma introduce las modificaciones necesarias para incrementar la seguridad jurídica de las partes y la homogeneidad del sistema, según señala el Ministerio de Sanidad y Consumo en una nota. Adicionalmente, se crean dos instituciones -la Comisión de las Juntas Arbitrales y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo-, ambas adscritas al Instituto Nacional del Consumo (INC), para asegurar el funcionamiento integrado del arbitraje y para garantizar la seguridad jurídica de las partes.
Además, el decreto aprobado contempla la posibilidad de un árbitro único cuando las partes así lo acuerden o cuando lo determine el presidente de la junta arbitral, siempre que la cuantía de la controversia sea inferior a 300 euros y la falta de complejidad del asunto así lo aconseje.
Otra novedad es la introducción de la figura del arbitraje colectivo para resolver en un único procedimiento arbitral de consumo los conflictos originados cuando, por la misma causa, una empresa o profesional haya podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios y afecte a un número determinado de estos.
Arbitraje electrónico
El Real Decreto regula también el arbitraje de consumo electrónico, que permitirá que todas las actuaciones, incluidas las notificaciones, puedan realizarse por medios telemáticos, sin perjuicio de que alguna acción deba practicarse por medios tradicionales.
Para el arbitraje electrónico el Ministerio ha creado una aplicación informática que utilizarán aquellas juntas arbitrales que se adscriban a este tipo de arbitraje, cuya utilización será fomentada por las administraciones públicas en materia de consumo.
La norma contempla también que en el arbitraje de consumo convencional puedan utilizarse medios electrónicos en la audiencia a las partes, bien escritos o a través de videoconferencia.
