El Gobierno central propondrá a las comunidades autónomas entregar un máximo de 780 euros mensuales a las personas dependientes que tengan que acudir a una residencia privada porque no encuentran sitio en el sistema público, según informaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Las mismas fuentes informaron de que el Estado pretende ofrecer un máximo de 487 euros mensuales a los denominados cuidadores informales; es decir, a los familiares que atienden en casa a sus mayores, que casi siempre son mujeres.
Otra propuesta del Ministerio de Trabajo consiste en entregar un máximo de 780 euros al mes a los ciudadanos que, pese a ser grandes dependientes, no están obligados a permanecer en una residencia, sino que tienen posibilidad de estudiar y desarrollar una actividad laboral. Esas personas utilizarán la ayuda mensual para pagar a un asistente personal que se ocupe de sus actividades básicas. Será un profesional que deberá cotizar a la Seguridad Social y que tendrá capacidad para decidir qué tipo de asistencia necesita el dependiente.
Aún no se sabe cuándo empezarán a entregarse estas ayudas
Desde el Ministerio de Trabajo explicaron que los futuros beneficiarios del asistente personal serán, por ejemplo, jóvenes que continúan cursando la enseñanza secundaría o universitaria. Y también los adultos que pueden desempeñar un trabajo si alguien les ayuda a lo largo del día.
Situación económica individual
De todos modos, aún no se sabe cuándo empezarán a entregarse esas ayudas. El propósito del Gobierno central es que la persona dependiente que ingrese más de 500 euros al mes pague una parte del servicio.
La Ley de Dependencia reconoce el derecho de las personas discapacitadas a recibir atención en un centro de día o una residencia de carácter públicos. Pero cuando falten plazas, las administraciones quieren resolver el problema entregando a los afectados una cantidad de dinero que dependerá de su grado de minusvalía y de su situación económica individual, sin tener en cuenta la del resto de la familia.
En unos casos, ese dinero de las autoridades servirá para que los beneficiarios contraten a personas que les cuiden, aunque tendrán la obligación de inscribirlas en la Seguridad Social. En otros casos, la ayuda se entregará para suavizar la factura mensual de una residencia privada, un centro que el beneficiario deberá escoger entre los que hayan recibido una acreditación oficial.
Los ciudadanos que encuentren plaza en una residencia pública sólo tendrán derecho a reclamar la asistencia relacionada con su minusvalía, en régimen de copago. En cambio, la comida y los gastos hoteleros correrán de su cuenta.
Ese copago medio ascenderá al 30%, aunque crecerá a medida que la renta sea mayor y será del 90% cuando el beneficiario ingrese 59.900 euros al año.
Consejo Territorial
Las cantidades mensuales figuran en los borradores para desarrollar la Ley de Dependencia, unos documentos que el ministerio está entregando a las autonomías y que discutirá con ellas el próximo jueves en el seno del Consejo Territorial. La fecha marcada para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia es el 22 de abril.
Este sistema es diferente del que se aplica ahora en los centros públicos, de modo que el Gobierno central quiere que las personas que ya están ingresadas en esos centros vean respetadas las actuales condiciones, salvo que la nueva regulación les resultara más ventajosa. Lo que sí exigirá la Ley de Dependencia es que las residencias de personas mayores tengan un cuidador por cada tres ingresados.
El Consejo de Ministros todavía ha de aprobar decretos que desarrollen la Ley de Dependencia
Los borradores que maneja el Gobierno central también hacen referencia a la ayuda a domicilio, que será de dos o tres horas diarias, como máximo, para las minusvalías más graves. Dentro de las propias residencias, la «asistencia personalizada» también tendrá el mismo número de horas, aunque el Ministerio de Trabajo concede un poco más de tiempo para los pacientes con problemas especialmente profundos.
El Sistema de Dependencia contempla la posibilidad de que las personas que reciben asistencia en casa ingresen temporalmente en residencias. De ese modo, los familiares podrán irse de vacaciones, descansar un fin de semana o recuperarse de una enfermedad. No obstante, esa prestación sólo se podrá recibir cuando existan plazas libres en los centros públicos.
La ley de Dependencia tiene un período de aplicación hasta el 2015 y costará 26.000 millones, financiados a partes iguales entre el Ejecutivo y las autonomías. El Consejo de Ministros todavía ha de aprobar decretos que desarrollen la ley, referentes a la baremación del grado de dependencia, el nivel mínimo de las prestaciones y al convenio con la Seguridad Social para cuidadores no profesionales.
