El Gobierno remitió ayer a las comunidades autónomas su propuesta de aumento de los impuestos y aportaciones presupuestarias adicionales para destinar el próximo año 3.300 millones de euros a paliar el déficit de financiación de la Sanidad Pública.
El Ejecutivo central prevé un aumento de la capacidad tributaria de las autonomías, de forma que se duplique en relación al impuesto de venta minorista de hidrocarburos (del que se obtendrían así 819,8 millones de euros), con posibilidad de establecer un recargo de hasta dos puntos en el impuesto sobre la electricidad (de donde se generarían otros 321,4 millones).
La propuesta incluye también un incremento del 10% en los impuestos sobre el alcohol y el tabaco, lo que depararía unos ingresos estimados de 25,4 millones de euros y 101,8 millones, respectivamente.
El documento prevé asimismo una aportación presupuestaria de 500 millones de euros en dos tramos, uno de cohesión sanitaria de 50 millones que se canalizaría desde el Ministerio de Sanidad, y otro de 450 millones a través de transferencias a las comunidades durante dos años con carácter no consolidable.
Este borrador de propuesta de gasto sanitario y su financiación será abordado el 5 de septiembre en el encuentro preparatorio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne el día 7, y luego lo estudiará la Conferencia de Presidentes el próximo día 10.
Reparto de cargas
Estas medidas se complementarían con una serie de recortes en el gasto sanitario y si esta propuesta es aceptada y aplicada por todas las autonomías, supondría inyectar 2.500 millones de euros anuales para paliar el déficit sanitario.
El Ejecutivo envió ayer el documento a las comunidades y las respuestas fueron las esperadas: receptividad en las autonomías gobernadas por el PSOE y rechazo en las del PP. El vicepresidente y titular de Economía, Pedro Solbes, y los ministros de Administraciones Públicas y Sanidad, Jordi Sevilla y Elena Salgado, insistieron en que no se trata de modificar el actual sistema de financiación sanitaria, aprobado por el anterior Gobierno de José María Aznar en 2001, sino de «mejorar» el modelo vigente al otorgar «recursos y márgenes adicionales» a las autonomías, que son las que tienen que financiar la Sanidad pública.
El ministro de Administraciones Públicas sostuvo que la propuesta es «justa y equilibrada» porque reparte las cargas sin alterar el sistema y sin variar los criterios de reparto ya que la población, actualizada con el censo de 2004, será el parámetro principal. Precisó, no obstante, que el planteamiento «no está cerrado» y puede modificarse en la negociación. La no aceptación, aclaró Sevilla, no implicará penalización y las autonomías que no quieran no podrán ser obligadas a subir los impuestos y, en cambio, se beneficiarán del dinero aportado por el Gobierno y de las subidas del alcohol y el tabaco en el tramo del 40% que tienen cedido.
Ahora bien, aclaró, si no se incrementa la presión fiscal tendrán que buscar los recursos en otra parte, que no podrá ser el Gobierno central, para hacer frente al gasto sanitario.
Reacción
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera injusta, insolidaria e inoportuna la propuesta del Gobierno de aplicar impuestos indirectos sobre los hidrocarburos y la electricidad para destinarlos a la financiación de la Sanidad en las comunidades autónomas.
FACUA señala en un comunicado que la Sanidad Pública debe ser financiada mediante impuestos directos, de forma que paguen más quienes tengan mayor nivel adquisitivo, siendo el instrumento ideal el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La Federación recuerda que las bajadas en el IRPF que se han producido años atrás han beneficiado fundamentalmente a los ciudadanos de rentas más altas y la disminución de ingresos para las arcas del Estado han sido suplidas con subidas en los impuestos indirectos, para especial perjuicio de los consumidores con menor capacidad económica.
Gravar productos y servicios totalmente ajenos a la salud con impuestos indirectos resulta a todas luces injusto e insolidario, advierte la Federación, ya que los usuarios tendrán que asumir más gastos en función de sus necesidades de consumo energético y de la comunidad autónoma donde residan.
