El Ejecutivo ha aprobado un Real Decreto que regula las prácticas no laborales en empresas, con el fin de mejorar la integración laboral de las personas jóvenes desempleadas, con cualificación profesional y sin experiencia laboral. El Ministerio de Trabajo e Inmigración considera que esta normativa se constituirá en una «nueva herramienta de lucha contra el paro juvenil en nuestro país, a la vez que se clarifican los derechos de las personas que realicen estas prácticas».
Las prácticas no laborales se desarrollarán en empresas que hayan celebrado previamente convenios de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo a estos efectos. Las prácticas podrán desarrollarlas personas jóvenes desempleadas, entre 18 y 25 años, con titulación oficial universitaria, de Formación Profesional o certificado de profesionalidad pero nula o escasa experiencia laboral.
El ministro de trabajo, Valeriano Gómez, explicó que la norma prevé prácticas en las empresas bajo la supervisión de un tutor con una duración de entre seis y nueve meses, durante los que se puede percibir una beca de apoyo cuyo importe mínimo será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 426 euros. Se prevé que, a la finalización de las prácticas, los jóvenes obtendrán un certificado que acredite su realización. Además, se les aplicarán los mecanismos de inclusión en la Seguridad Social para las personas que participen en programas de formación, según marca la última reforma de las pensiones.
Estas prácticas no laborales podrán culminar en una contratación laboral por parte de las empresas en donde se hayan desarrollado. Los contratos que se formalicen podrán beneficiarse de medidas de apoyo a la contratación, tanto en el ámbito de la formación profesional para el empleo, como es el caso de los convenios de colaboración con compromiso de contratación, como en los programas de incentivos al empleo.
No están incluidas en el ámbito de aplicación de la nueva normativa las prácticas académicas externas, curriculares y extracurriculares de los estudiantes universitarios que se regirán por su normativa específica.
