El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Racionalización del Sector Público Empresarial Estatal, que prevé la supresión de 32 altos cargos de los distintos ministerios y la eliminación de 29 sociedades públicas con el fin de contribuir a la reducción del déficit público al 3% del PIB en 2013. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, señaló después de la reunión de los ministros que el ahorro directo previsto con esta iniciativa es de 16 millones de euros anuales, aunque éste será mayor una vez se contabilice al final del año a través del ahorro en gastos asociados a los cargos suprimidos.
El Ministerio de Economía y Hacienda indicó que con esta medida se da cumplimiento al compromiso formulado en el Consejo de Ministros del pasado 29 de enero, en el marco de la aprobación del Plan de Acción Inmediata 2010 y el Plan de Austeridad de la Administración General del Estado para el periodo 2011-2013, en orden a aprobar con fecha límite de 30 de abril un plan de racionalización de las estructuras de la Administración General del Estado (AGE) y del Sector Público Empresarial Estatal.
El plan aprobado por el Consejo de Ministros implica supresiones y refundiciones de empresas, así como reestructuraciones en los órganos directivos de las 106 sociedades del sector público empresarial en las que el Estado tiene una participación mayoritaria «y puede, por tanto, aplicar de manera directa estas decisiones», señaló el departamento dirigido por Elena Espinosa.
En relación a las medidas referidas a la estructura de los grupos empresariales, el Ejecutivo ha decidido la fusión de 24 sociedades públicas, que pasarán a ser nueve. Por otro lado, se ha acordado adoptar todos los acuerdos societarios necesarios para proceder a la extinción de un total de 14 sociedades mercantiles de propiedad estatal. Todo ello supone la desaparición de un total de 29 empresas públicas, lo que equivale a reducir en un 27,4% el número de sociedades participadas mayoritariamente por el Estado.
El otro eje de actuación del plan será la reducción del número de cuadros directivos presentes en los organigramas de las sociedades públicas. El acuerdo incluye la supresión de 32 altos cargos -casi un 10% de los 343 existentes-, entre los que se encuentran una secretaría general, 18 direcciones generales y 14 organismos autónomos con rango de dirección general, al mismo tiempo que se crea una nueva dirección general que viene a sustituir a las dos suprimidas en el Ministerio de Igualdad. Estos cargos no tienen en cuenta miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores ni secretarios de Estado, cuyo recorte se hará cuando acabe la presidencia española de la UE, a principios de julio.
