El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sigue las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de adoptar los medios para que la globalización económica no vaya en detrimento de la protección social. Uno de sus objetivos es «asegurar la cobertura social de los trabajadores que a lo largo de su vida laboral o profesional se desplazan de un estado a otro».
En este sentido, en la pasada Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Santiago de Chile ha firmado el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que tiene en cuenta el fenómeno de las migraciones para evitar la desprotección de los trabajadores migrantes o de los trabajadores desplazados por sus empresas. Este acuerdo pretende la coordinación a la vez que respeta las legislaciones nacionales vigentes en materia de Seguridad Social. Sus disposiciones son claras y precisas, no obstante «en caso de discrepancia, la competencia de interpretar la situación planteada corresponderá al Comité Técnico Administrativo del Convenio», integrado por un representante de cada uno de los Estados firmantes. Mediante este Convenio Multilateral de Seguridad Social se dará cobertura a la población de alrededor de 565 millones de habitantes del área, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Por otro lado, los españoles que emigraron, por ejemplo como consecuencia de la guerra civil, tienen derecho al retornar a España a ser beneficiarios de las pensiones asistenciales. También sucede al contrario, hay jubilados españoles que habitan en el extranjero y tienen derecho a cobrar su pensión. Por todo esto, la Administración está desarrollando nuevas medidas para mejorar el control del pago de estas pensiones.
Averiguar el paradero
Y es que los movimientos migratorios hacen más complejo el pago de pensiones y la labor de la Seguridad Social en su lucha contra el fraude. La Tesorería se encuentra con dificultades para averiguar el paradero numerosos beneficiarios que viven en el extranjero. Más de 80.000 personas con derecho a una prestación viven fuera de nuestro país.
En el ejercicio de 2006, el montante correspondiente al apartado de impagados por la Seguridad Social a sus beneficiarios fue de 7.458.124,01 euros. Este importe puede incluso superarse en 2007, puesto que, contabilizado este mes de noviembre, el total acumulado es de 7.145.054,99 euros. En los últimos meses, el dinero no pagado en pensiones oscila entre los 600.000 y el millón de euros.
Los motivos del impago pueden ser diversos, desde que el beneficiario haya cambiado de domicilio o esté ausente de manera temporal a casos de cambio de entidad bancaria o de número de cuenta. También puede suceder que haya un error en los datos que dispone la Seguridad Social del beneficiario. En cualquier caso, la Tesorería deja pasar un tiempo para ver si el beneficiario reclama o se averigua su verdadera situación.
Fuera de España residen 81.450 pensionistas, algunos son extranjeros que trabajaron en nuestro país
Cuando el pensionista no aparece, Trabajo da de baja la prestación. Así ocurre en casos de fraude, como por ejemplo cuando se descubre que el pensionista ha fallecido y su familia oculta este hecho para seguir cobrando la prestación. En el extranjero puede ocurrir con más facilidad, porque la embajada, o el consulado español en el país, verifica que el pensionista está vivo únicamente con una notificación de la policía local. Ante la duda, el Gobierno de España suele enviar a un funcionario para comprobar si eso es cierto. Pero esto no siempre es fácil.
El pasado mes de abril el Tribunal de Cuentas publicó un informe en el que acusaba a la Seguridad Social de recuperar, en el periodo comprendido entre 2003 y 2005, tan sólo el 17% de las pensiones pagadas en el exterior de forma fraudulenta. Es decir, sólo 398.669 euros de los 2.392.751 euros previstos en devoluciones de pensiones.
Fuera de España residen 81.450 pensionistas que cobran, entre todos, 40.136.942 euros de las arcas de la Seguridad Social. Están repartidos por 110 países de los cinco continentes y algunos son extranjeros que trabajaron en España pero que retornaron a su país.
