El próximo 1 de julio volverá a registrarse una subida en el recibo de la luz. La fuerte alza del 9,3% del precio de la electricidad en el mercado mayorista podría forzar un incremento del recibo de al menos el 4%, porque este componente tiene un peso cercano al 50% en la evolución de la tarifa que pagan más de veinte millones de usuarios domésticos y pequeños comercios. La otra mitad corresponde a la parte regulada, también llamada peajes de acceso, y retribuye los costes del transporte, la distribución y las primas a renovables, entre otras partidas. El Gobierno puede optar por congelarlos o por subirlos, y en este último caso el repunte de la tarifa sería aún mayor.
Sin embargo, si el Ministerio de Industria decidiera compensar, aunque fuera en parte, el incremento de precio de la energía, corre el riesgo de contribuir al incremento del déficit acumulado, que ya asciende a 24.000 millones de euros, y que todos los usuarios pagan en forma de recargo, con efecto retardado, desde hace años.
El recibo de la luz ya se encareció el pasado abril en un 7% para el usuario doméstico, un 4,1% para las pymes, el 2,78% para las industrias de tamaño mediano y el 0,91% para las grandes. En esa ocasión, el Ministerio de Industria justificó en parte la subida por la necesidad de cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, que consideró nulas las congelaciones de tarifa aprobadas en octubre de 2011 y enero de 2012. Para compensar los aumentos no aplicados, y estabilizar el déficit, el Gobierno decidió ese incremento pese a que la subasta eléctrica se cerró con un descenso del 7%.
En el origen de este desfase está un sistema de tarifas que provoca déficit porque los costes reconocidos en la actividad de generación no se ven reflejados en los ingresos. En plena escalada del déficit, el Gobierno socialista legisló unos topes anuales que posteriormente incumplió, al pactar con el principal partido de la oposición la congelación del recibo de la luz. Recurrieron las compañías, y la justicia les dio la razón. El objetivo para este año es que el déficit de tarifa se sitúe en 1.500 millones de euros, mientras que debe dejar de generarse en el próximo ejercicio.
El actual Ejecutivo, que se había propuesto la reforma del sistema eléctrico entre sus prioridades, adoptó el pasado marzo un paquete de medidas para achicar el déficit -un recorte de costes regulados de 1.700 millones, parte de los cuales solo podían aplicarse de una sola vez- pero no ha abordado todavía el grueso de los cambios, que se prevén para mediados de julio. Entre las iniciativas que ahora se barajan figura, además de la aplicación del «céntimo verde» -que podría llegar hasta cuatro céntimos por litro de carburante- con el que se pretende cubrir parte de las primas a las renovables, un tasa a todas las generadoras de electricidad, incluidas las del régimen especial. Las compañías que utilizan las tecnologías tradicionales -térmica, nuclear, etc.- defienden que se aplique por facturación y no por producción. Las grandes diferencias de precio penalizarían en este caso a las renovables, y en particular a la termosolar y fotovoltaica.
