El Gobierno pondrá en marcha a partir de la próxima semana su plan de prevención del fraude fiscal. Detectar las irregularidades en el sector inmobiliario y las tramas de fraude en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) serán dos de sus prioridades, anunció ayer el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes.
La principal novedad respecto al texto presentado hace dos meses es el refuerzo de la vigilancia fiscal sobre los alquileres de pisos. Sin embargo, por «problemas jurídicos», se deberá rebajar el control que se pretendía establecer en las compraventas de inmuebles entre particulares.
El plan elaborado por la Agencia Tributaria fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros, en línea con los plazos marcados por Pedro Solbes. Fue él quien confirmó que el Ejecutivo ha renunciado a establecer la Policía fiscal que había planteado en un principio, y que en realidad ya estaba prevista desde 1991.
Otro de los puntos a los que ha tenido que renunciar el Ministerio de Economía y Hacienda es la inscripción, en el Registro de la Propiedad, de los documentos privados que se firmen en la compraventa de inmuebles.
Frente a esos recortes en el texto inicial, el plan definitivo incluye otras medidas para controlar más el fraude inmobiliario -incluidas las casas que, en teoría, están «vacías»-, junto a las ya conocidas de identificar «in situ» viviendas y locales no declarados, y sociedades interpuestas como titulares.
El otro gran foco de atención serán las tramas de fraude en el IVA, donde se establecerá una estrategia «única» de actuación.
Quedan aplazadas, hasta la aprobación en otoño de un proyecto de ley específico para prevenir el fraude fiscal, aquellas medidas que deben ir acompañadas de cambios normativos. Un ejemplo de ello es la tributación por módulos, donde se quiere incluir una retención sobre los pagos entre determinados tipos de empresarios y profesionales, hasta comprobar la veracidad de aquellos.
